Después
de una minuciosa investigación policial iniciada el 2012 al Movimiento por la
Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se obtuvieron contundentes pruebas,
entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces del mismo movimiento,
actas de audios con interceptaciones telefónicas autorizadas, directivas
incautadas de puño y letra del cabecilla terrorista Abimael Guzmán
contactándose con dirigentes del movimiento y hasta recepciones de dinero de
sus dirigentes de manos del terrorista
Florindo Flores “Artemio” para impulsar el movimiento. En marzo 2013 la
Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes y un grupo de operadores por
filiación con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y financiamiento
al terrorismo, solicitando al Segundo Juzgado Penal Nacional la detención de 34
integrantes, quien dispuso las capturas.
Mediante
la “Operación Perseo” (9 abril 2014) se ejecutó una acción simultanea en Lima,
Áncash, Huánuco, Junín y Lambayeque, participaron 300 policías, una brigada
especial de inteligencia policial-militar, Ministerio Público, Poder Judicial y
procuradurías públicas contra terrorismo y tráfico de drogas, capturándose a 28
integrantes del Movadef, esta operación conjunta fue destacada y felicitada por
el Gobierno de EE UU. De los 28 integrantes capturados el juzgado dispuso
prisión preventiva para siete dirigentes, entre ellos, Alfredo Crespo y Manuel
Fajardo, abogados de Abimael Guzmán y líderes de dicho movimiento, quienes
apelando dicha sentencia fueron liberados (6 agosto 2014) por los jueces de la
Sala F Penal Nacional, Víctor Valladolid y Olga Inga, al cambiarles mandato de
prisión por comparecencia restringida, dichos jueces fueron removidos de sus
cargos dos días después por tal despropósito.
Bajo
este panorama, el proceso judicial a integrantes del Movadef se ha tomado con
demasiada ligereza, increíblemente han transcurrieron más de tres años y se
encuentra paralizado, mientras que éstos, que pertenecen a SL y reciben
directivas de sus cabecillas, participan activamente en propaganda senderista,
marchas, apología del terrorismo, protestas, publicaciones, infiltraciones en
gremios sindicales, en sectores de la administración pública, frentes
regionales, representaciones estudiantiles, y, hace año y medio construyeron un
mausoleo terrorista que sigue en pie. No minimicemos el terrorismo, no debe
quedar impune este trascendente caso, el Poder Judicial debería darle máxima
prioridad a la presentación de la acusación fiscal contra la cúpula e
integrantes del Movadef por delito de terrorismo en modalidad de dirigentes,
por afiliación a la organización terrorista SL y por tráfico ilícito de drogas
en modalidad financiamiento al terrorismo, delitos previstos en el Decreto Ley
25475 y Código Penal.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de setiembre de 2017
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