Tras la
liberación de la terrorista Maritza Garrido Lecca el pasado día 11 al cumplir
una condena de 25 años, vuelve a ponerse en debate el pago de reparaciones
civiles ya que salió libre sin pagar un solo centavo de S/.60 mil impuestos en sentencia,
y es realmente indignante que más de 3,400 terroristas que salieron libres
durante los gobiernos de Transición y de Toledo y los alrededor de 200 que
salieron posteriormente, se hayan negado a pagar las reparaciones que según el
procurador antiterrorista Milko Ruiz ascienden a S/ 6,767 millones, y recién,
después de tantos años, asegure que tiene como objetivo que los terroristas
paguen, y hasta la ministra de Justicia Pérez Tello manifieste que se están
buscando mecanismos que garanticen dichos pagos.
Contrariamente,
desde 2004 las indemnizaciones a criminales terroristas dispuestas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si fueron pagadas por el Estado
peruano (hasta 2007 se pagó más de US$ 17 millones), como ejemplos tenemos,
entre otros, a María de la Cruz US$ 319 mil (estando prófuga), Lori Berenson
US$ 30 mil (condonándole el pago de reparación civil de S/ 100 mil), María Loayza
US$ 50 mil, Gladys Espinoza US$ 105 mil, Mónica Feria US$ 90 mil, y al chileno
Castillo Petruzzi US$10 mil.
Además, entre 2012
y 2015 fueron interpuestas por terroristas (con reparaciones civiles impagas) 423
denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales
nunca se archivan convirtiéndose en litigios permanentes. Con DU 052-2010 se
dispuso que los pagos de indemnizaciones a terroristas servirían para compensar
las reparaciones civiles, pero se desconocen los resultados oficiales, y con RM
0116-2012-JUS y Ley 30353 (octubre 2015) se crea el registro de deudores que oficialmente
no existe porque la web del Ministerio de Justicia indica sobre dicho listado “sistema
en mantenimiento”.
Bajo este
panorama se requiere mejorar la defensa del Estado ante la CIDH frente a los
procesos pendientes e implementar normatividad procesal penal para que el
Estado, a través de la procuraduría pública, tome acciones legales para cobrar reparaciones
a terroristas, además, mejorar la inteligencia predictiva, vigilar a
terroristas que salen libres en sus movimientos o reagrupaciones (al 2024
estarán todos libres excepto una minoría con cadena perpetua) porque no han
mostrado arrepentimiento y muchos de ellos pertenecen al Movadef, Fudepp, y
otros se encuentran infiltrados en sectores educación, salud y otras instituciones
del Estado.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de setiembre de 2017
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