Finalmente
el presidente Kuczynski no fue vacado por el Congreso por incapacidad moral
permanente, pero queda vigente su conflicto ético, sus reiteradas mentiras, sus
declaraciones engañosas sobre algunas malas prácticas y pagos ilegítimos
mientras era ministro, esto ocasionará una grave situación de incertidumbre por
los cargos judiciales que posteriormente deberá enfrentar lo cual acentuará la
desconfianza ciudadana, pero además por su falta de capacidad y liderazgo para
gobernar. Recordemos que el presidente prometió crear “un país moderno más
justo e igualitario”, lo cual ni siquiera logró encaminar en el año y medio de
gobierno, siendo su gestión desaprobada en todas las regiones y todos los
niveles socioeconómicos.
Pero
también existe la percepción de autoritarismo y abuso del fujimorismo al tener
mayoría opositora absoluta en el Congreso permitiéndole tomar posiciones
agresivas, controlando censuras o renuncias de cinco ministros y hasta denuncia
al Fiscal de la Nación, además, su lideresa Keiko Fujimori tiene pendiente el
caso de la anotación de Odebrecht “aumentar Keiko para 500”, también por registros
de supuestos donantes que negaron aportaciones y por cocteles pro fondos,
finalmente está pendiente el caso reabierto de Joaquín Ramírez, ex secretario
general de Fuerza Popular, por el origen de su patrimonio que incluye también a
Keiko Fujimori.
Bajo
este panorama el futuro de nuestro país se oscurece, tenemos además dos
presidentes encarcelados (Fujimori y Humala) otro presidente prófugo (Toledo) y
otro investigado (García). Nuestro futuro solo se aclarará cuando los políticos
entiendan que la actividad política es esencialmente humana y civilizadora, un
quehacer social cuyo principal fin es alcanzar, mediante patrones de acción y
organización, el bienestar de la sociedad.
Ello
entraña fundamentalmente que los políticos actúen con un verdadero compromiso
para con los ciudadanos para el logro del bien común y del fortalecimiento de
una estructura de virtudes y valores públicos construyendo instituciones
sólidas e implementando políticas sociales que apunten a la igualdad de
oportunidades y equidad que constituyen los máximos valores públicos de la democracia,
obliga además a dejar de lado intereses personales o partidarios por
conveniencia que buscan un medio esencial de vida tratando de mantener el “poder”
para copar espacios y cargos que pueden transformarse en focos de corrupción
(como los numerosos casos de Odebrecht), estas actitudes frivolizan la función
pública y disminuyen la calidad de la política afectando gravemente a nuestra
democracia y el camino de nuestro país hacia el desarrollo ad portas de nuestro
bicentenario..
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de diciembre 2017
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