La
implementación del sistema de vigilancia electrónica personal penal a través
del uso de grilletes electrónicos fue normado con ley 29499, enero 2010 y su reglamento
(DS-003-2010-JUS), considerándose la adquisición de 2,000 grilletes con
expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria por S/150 millones,
asegurando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su uso para 6,000
internos. Recién 7 años después, en enero del presente año, se reguló su uso
(DL 1322) y en abril se otorgó la buena pro al consorcio Geosatis (empresa
mexicano-peruana), actualmente hay solo dos reclusos usando grillete.
Estos
dispositivos deberían usarse con carácter urgente para 240 procesados que se
encuentran con arresto domiciliario por exceso de carcelería u otros motivos y
requieren vigilancia policial (presencial y en muchos casos aleatoria), lo cual
distrae las labores de muchos policías para verificar que permanezcan en su
domicilio, pero esta condición judicial muchas veces es burlada, tal es el caso
del delincuente Luis Donayre Flores (a) “Pato Ciego”, que el pasado 24 de
noviembre, encontrándose con arresto domiciliario fue detenido en San Isidro
tras robar a una cambista.
Las
autoridades penitenciarias resaltan que este sistema personal de vigilancia
electrónica es prioritario para solucionar el hacinamiento de los penales, pero
no debe considerarse como papel decisivo sino solo como un mecanismo para
aliviarlo, tenemos 69 cárceles con capacidad para 36,000 reclusos pero
actualmente albergan 84,000 con una terrible sobrepoblación de 133% que
reflejan un grave descuido de décadas en políticas penitenciarias urgentes
debido, entre otras razones, a cálculos electorales de los políticos porque no
representan votos en el corto plazo.
Actualmente
el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE están desde inicio de año
declarados en emergencia por 2 años (DL 1325 fecha 5 enero) por razones de
seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura, pero ha pasado un
año y no se aprecian mejoras, lo que realmente se requiere es: agilizar las sentencias en el Poder
Judicial (de 88,000 internos, menos de la mitad han sido sentenciados);
eliminar los altos índices de corrupción penitenciaria y judicial; construir
nuevas cárceles y ampliar la infraestructura en los espacios disponibles de las
actuales; optimizar la gestión administrativa penitenciaria; implementar
correccionales para trabajos en talleres y actividades educativas; mejorar la
capacitación de los agentes penitenciarios; estudiar la factibilidad para
tercerización de la administración y gestión de los penales; y mejorar las
condiciones de los reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción
social.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre de 2017
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