La presencia de minería ilegal en este Parque Nacional fue
detectada en marzo 2009 cuando un alud sepultó el campamento minero Winchumayo
(zona agreste donde la fiscalización se dificulta), obligando a las autoridades
a inspeccionar los lugares de extracción minera en la selva puneña ubicando 8
puntos de minería ilegal en la zona de amortiguamiento de este Parque (actualmente
se han incrementado hasta 50) contaminando con mercurio el río Inambari que
desemboca a diversos poblados de la zona. Desde dicha época, la Defensoría del
Pueblo regional solicitaba acciones efectivas de supervisión y fiscalización al
jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
En febrero 2017 el Grupo Técnico de Minería y Energía de la Región Puno
concluyó que la problemática en la zona de amortiguamiento de este Parque
Nacional es muy grave (invasión de agricultores, cultivos de coca, minería
ilegal, tala indiscriminada, turismo ilegal, tráfico de combustible, aeródromos
clandestinos) requiriéndose operativos conjuntos e identificación de vacíos
legales para declararla zona de exclusión minera.
Bajo este panorama es urgente preservar esta área natural
protegida, erradicar la minería ilegal, el cultivo de hoja de coca y enfrentar
y eliminar los demás delitos que afectan peligrosamente este Parque Nacional
creado en 1966 (DS-012-96-AG)
que con una extensión de 1’091,416
hectáreas (increíblemente solo resguardado solo por 12 guardaparques) alberga una
maravillosa biodiversidad que representa el 20% de riqueza de flora y fauna de todo
el país (10,000 especies de árboles y plantas, 180 de mamíferos, 600 de aves,
232 de peces, 100 de reptiles y mamíferos y 1,200 tipos de mariposas).
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3
de marzo de 2018
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