Otro grave problema que debe resolver el nuevo gobierno
es la prevención, gestión y manejo de conflictos sociales, activos y latentes,
muchos de ellos comenzaron hace años y aún no son resueltos porque no existe
una política clara para abordarlos y solucionar los problemas de fondo. Según
el último reporte de la Defensoría del Pueblo (Nº 168 Febrero 2018), solo en
febrero ocurrieron 182 conflictos sociales (la mayor cantidad de conflictos
desde abril 2017), de los cuales130 están activos (la mayoría socioambientales,
58 de minería y 14 de hidrocarburos), además de 52 conflictos latentes. En
dicho mes aumentaron ocho nuevos conflictos en Cusco, Ancash, Loreto, San Martín
(2), Junín, Piura y Pasco, y asimismo, ningún conflicto fue resuelto. Además,
hay 35 casos que su intervención anticipada y prioritaria podrían permitir un
manejo pacífico.
Los conflictos sociales están relacionados a la
gobernabilidad, respeto a los derechos fundamentales, desarrollo social y
cultura de diálogo y paz. La violencia en conflictos es un desenlace que
debemos evitar con capacidad preventiva (información y análisis), estrategias
de diálogo y acercamiento, y no solo negociar cuando las carreteras están
bloqueadas o la situación se torna insostenible.
Los conflictos activos deberían ser prioritariamente
resueltos, y los latentes, aunque permanecen en calma, podrían estallar y
desbordarse en cualquier momento, como respuesta a expresiones de descontento y
frustración colectiva de la población sobre casos no resueltos o no atendidos,
pero también pueden ser accionados por agitaciones de agentes externos al
conflicto que puede ganar adeptos para generar acciones de violencia; estos
conflictos latentes podrían solucionarse si las autoridades competentes de los
gobiernos nacional, regional o local, asumieran su rol de facilitadores
sociales que demuestren una capacidad de respuesta oportuna para manejarlos por
vías pacíficas.
Bajo este panorama, se han creado diversas instituciones
adscritas a la PCM para tratar de resolver los conflictos sociales, en enero de
2010 la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (DS010-PCM) y en octubre 2012
reemplazada por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad-ONDS
(DS106-PCM) para dirigir el proceso de diálogo y prevenir conflictos sociales,
y en febrero 2017 se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial
(DS022-PCM) que está por encima de la ONDS y tiene, entre sus competencias, el
diálogo y la resolución de conflictos sociales, sin embargo, estamos lejos de
lograr un sistema nacional con una adecuada política de prevención, gestión y
manejo de conflictos sociales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31
de marzo de 2018
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