El presidente Kuczynski, para ganar votos durante su campaña
electoral, prometió a los pensionistas de las FFAA y PNP (en diferentes
oportunidades y hasta con actas firmadas) reivindicar su derecho fundamental de
igual trato ante la ley; al iniciar su gobierno continuó reiterando su promesa,
pero posteriormente, desentendiéndose no solo de su ofrecimiento, sino del
derecho legal y constitucional, se retractó de legitimar el principio de
derecho de equivalencia por igualdad de tratamiento legal para los pensionistas
discriminados de este derecho fundamental, ya que con el mismo grado, mismos
requisitos y dependientes del mismo DL 19846 (plenamente vigente) recibían
pensiones no equivalentes.
El Congreso, con ley 30683 resolvió esta inequidad, pero el
Ejecutivo ha vuelto a la carga presentando una absurda demanda de Acción de
Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, además, el gobierno
para deslegitimar el derecho de los pensionistas ha arremetido en
muchos medios de comunicación con opiniones de errados y
falsos conceptos (a través de sus funcionarios y de articulistas afines al
gobierno), lo cual es degradante de la función del Ejecutivo, quien tiene por
obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, y como responsable
de la Hacienda Pública proveer el presupuesto para cumplir la ley sin generar
distorsiones, ni abusando del poder, conculcar arbitraria y recurrentemente
derechos legítimos. Como también es denigrante a la función periodística la
falta de objetividad y ética de algunos medios de comunicación por desinformar
con falacias que se está “reavivando la Cédula Viva”, desconociendo el ordenamiento
jurídico relacionado como el Artículo 174º de nuestra Constitución: “Los grados y honores, las
remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las
FFAA y PNP son equivalentes”, y, estos derechos “solo pueden retirarse a sus
titulares por sentencia judicial” en consecuencia se incumplía el DL 19846
generando las inequidades.
Bajo este panorama, el gobierno está obligado al estricto
cumplimiento de la ley y a no vulnerar los derechos fundamentales al incumplir
leyes y contratos sociales, y por su parte los medios de comunicación y sus
articulistas, indagar con imparcialidad y objetividad para informar con la
verdad, educar, como inducir una cultura cívica de respeto a la Constitución, la
Ley, y los derechos fundamentales en estricta vigilancia del estado de derecho,
y motivar al ciudadano una actitud de autoestima que no permita se le dé un
trato desigual ante la ley sin discriminación de ninguna naturaleza.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de marzo de 2018
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