En la denominada triple frontera se
unen los dos mayores productores mundiales de cocaína (Colombia y Perú) y el
mayor consumidor en Latinoamérica (Brasil). La localidad de Santa Rosa, último
poblado peruano de la región Loreto colinda con Leticia (Colombia) y Tabatinga
(Brasil) y es conocido como centro de acopio de drogas; aún con esporádicas
operaciones contra el narcotráfico policiales y militares entre los tres
países, en nuestra frontera se incrementa el tráfico de drogas conforme
aumentan los cultivos de coca; la pasta básica pasa literalmente flotando desde
Santa Rosa a Leticia y Tabatinga escondida en botes y hasta en vientres de
pescados congelados es una corta navegación de cinco minutos por el río
Amazonas. Santa Rosa tiene apariencia de abandono, calles de tierra, suelos
inundables, dos pequeñas escuelas, una posta médica y mínimo personal policial,
sin embargo, en la zona de nuestra frontera la trata de personas es una
actividad cotidiana donde muchas menores son traídas vía fluvial desde Iquitos.
Desde 2006 nuevas tecnologías de
narcotraficantes permitieron el cultivo y procesamiento de coca en zonas
húmedas. En la provincia de Mariscal Castilla con sus cuatro distritos (Yavarí,
Ramón Castilla, Pebas y San Pablo) en su capital Caballococha y en
Cushillococha y Bellavista Erené se estima que actualmente existen unas 15,000
hectáreas de cocales ilegales que son convertidas en pasta básica cuyo precio
por kilo es US$ 300 en el lado peruano, pasándolo a Leticia aumenta a US$ 2,000
y a Tabatinga a US$ 3,000, la cocaína de alta pureza hasta triplica estos
precios. En 2015 en estas zonas se erradicaron 13,800 hectáreas pero en 2016 no
hubo erradicación por amenazas de muerte de narcotraficantes colombianos, y
actualmente, además de la resiembra, se cultivan nuevas áreas alejadas de
asentamientos humanos en ambas márgenes del río
Amazonas (San Pablo, San José de Cochiquinas, Alto monte y Nuevo
Chimbote).
Bajo este panorama, el Estado está
ausente en nuestra abandonada triple frontera a pesar de la existencia de
narcotráfico enraizado en la economía local. Hace cuatro años el gobierno
presentó un programa de apoyo para su desarrollo sostenible fortaleciendo la
presencia del Estado, el acceso a servicios básicos e infraestructura, y en el
que Devida priorizaría un plan de emergencia para ejecutar programas de
desarrollo productivos a corto plazo e iniciativas laborales y de empleo de
impacto rápido, lo cual lamentablemente jamás se llevó a cabo.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario
EXPRESO, fecha 21 de abril de 2018
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