El
pasado 23 de mayo, el instituto suizo International Institute for Management
Development –IMD- (en asociación local con Centrum Católica), presentó su
Ranking Mundial de Competitividad 2018 analizando 63 países en 4 categorías: desempeño económico, eficiencia del
gobierno, eficiencia en los negocios e infraestructura, incluyendo 20
indicadores, para determinar el nivel de competitividad de los países midiendo
la capacidad de sus economías para crear un entorno empresarial competitivo,
incrementar su productividad y generar ingresos para mejorar la prosperidad,
bienestar y calidad de vida de su población.
Nuestro
país se ha ubicado en dicho ranking entre los últimos 10 puestos (54° entre 63
países) registrando los últimos lugares en importantes indicadores: economía doméstica (54°), comercio
internacional (54°), marco social (60°), productividad y eficiencia (60°),
prácticas gerenciales (54°), infraestructura básica (58°), infraestructura
tecnológica (61°), infraestructura científica (61°) y educación (54°), pero lo
más preocupante es que desde el 2008, que ocupamos el puesto 35°, venimos
decayendo, además los últimos 4 años nos mantenemos entre los 10 países menos
competitivos del mundo lo cual demuestra que la evolución de nuestra
competitividad empeora y por ende nuestra productividad no avanza lo cual es
fundamental para el desarrollo del país.
El
asunto es que nuestra competitividad no mejora a pesar que desde el 2002
tenemos un Consejo Nacional de la Competitividad, cuya denominación fue
modificada en agosto 2016 por Consejo Nacional de la Competitividad y
Formalización, y es presidido por el ministro de Economía y conformado por el
presidente del Consejo de Ministros, cinco ministros, representantes de los
gobiernos regionales y locales, la Confiep, y un grupo consultivo
especializado, cuyas funciones son diseñar y proponer reformas, medidas,
estrategias y propuestas normativas para mejorar la competitividad del país,
además, desde 2012 hemos tenido dos agendas de competitividad, la primera
(2012-2014) con 60 metas, y la segunda, que concluye este año (2014-2018) con
65 metas, de las cuales poco o nada se ha avanzado.
Bajo
este panorama y considerando la importancia de mejorar nuestra competitividad,
indispensable para aumentar la productividad la cual está estrechamente ligada
al crecimiento económico y la reducción de la pobreza e informalidad, el
gobierno debería implementar reformas y políticas públicas dirigidas a
fortalecer la productividad empresarial, aumentar la eficiencia del aparato
estatal, mejorar la prestación de servicios sociales y educativos, avanzar en
ciencia, tecnología e innovación, y fortalecer la integración de nuestra
economía con el resto del mundo.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de junio de 2018
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