Han
pasado más de 16 años desde que en enero 2002 se promulgó la primera ley 27651
para regular las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores
mineros y mineros artesanales, propendiendo a su formalización, promoción y
desarrollo, sin embargo, poco o nada se ha avanzado, y además en esta ley ni
siquiera se menciona la minería ilegal, a pesar que esta actividad delictiva se
venía desarrollando desde el año 1930 en Puno, la cual siguió creciendo en la
selva del Cusco y a partir del año 2000 comenzó a incrementarse agresivamente
en Madre de Dios (Huepetuhe, Guacamayo, La Pampa y Delta) con grave destrucción
de nuestros bosques, operando actualmente en 21 de nuestras 25 regiones.
A
pesar que una de principales acciones para reducir la minería ilegal consiste
en formalizar a los mineros, los procesos desde la promulgación de la ley 27651
no han dado resultados. En marzo 2011 se aprobó el Plan Nacional para
Formalización de la Minería Artesanal, pero nada se logró, unos meses después,
en diciembre, se autorizó a los mineros
informales continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo
2012 a comercializarlo 2 años adicionales, el plazo de formalización en abril
2014 fue postergado hasta 2016 con una “Estrategia de Saneamiento”
(DS029-2014-PCM) que resultó ser un fracaso porque de más de 400 mil mineros
entre artesanales, informales e ilegales, solo lograron formalizarse unos 100. El
gobierno (período de Kuczynski) declaró de interés nacional la formalización
minera estableciendo disposiciones para un proceso de formalización minera
integral, reabriendo el registro de formalización de febrero a junio 2017 y prolongando
el plazo para culminar el proceso hasta 2020.
Bajo este
panorama actualmente se calculan 400 mil mineros pero solo 50 mil (12.5%) se encontrarían en proceso de
formalización, en Madre de Dios donde existe la mayor cantidad de mineros nada
se ha avanzado, el actual procedimiento normativo está trabado y no garantiza
la sostenibilidad de los mineros y productores artesanales, El presente período
(Vizcarra) se ha comprometido a revisar y modificar la actual legislación que
está ocasionando el trabamiento de la formalización ocasionando que la minería
informal e ilegal siga incrementándose, y en los últimos 4 años, a pesar de haberse
ejecutado 236 operativos de interdicción, esta ilegal actividad que representa
unos US$ 3,000 millones anuales en lavado de activos (principalmente oro) ha superado
los US$ 2,000 millones del narcotráfico.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de junio de 2018
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