El
pasado día 5 la BSA-The Software Alliance- (organización defensora de la
industria del software en el mundo) presentó en Washington la Encuesta Global
de Software 2018, la cual registra que en Perú 62% del software instalado en
computadoras personales y empresas no cuentan con licencia (6 de cada 10), este
porcentaje es muy elevado respecto a la tasa mundial (37%) y Latinoamérica
(52%), lo cual representa graves riesgos de seguridad. En la administración y
negocios de las empresas puede causar serios problemas legales, económicos,
técnicos y financieros, afectar la seguridad de datos de los clientes,
interferir en futuros programas, además, al instalarse un software ilegal en
cualquier equipo se incrementa el peligro de privacidad de información de los
usuarios, robos de información, ciberataques debilitantes, pirateos de datos,
acceso no autorizado por hackers, introducción de programas maliciosos y hasta
suplantación de identidades para cometer delitos.
Pero
lo más grave es que el uso de software ilegal atenta contra los derechos de
propiedad intelectual, cabe señalar que el último informe 2018 sobre derechos
de propiedad intelectual de la Oficina Representante Comercial de EE UU
mantiene al Perú en su Lista de Vigilancia (reiterativamente desde hace 17
años), además, en nuestro país, el valor comercial del consumo de software
ilegal (denominado pérdidas a la industria) asciende a US$ 180 millones. Según
Microsoft, en América Latina, nuestro país es el segundo más vulnerable por
ciberataques, solo superado por Brasil. Aunque contamos con una legislación
penal que restringe y sanciona usos ilegales cibernéticos con hasta 8 años de
prisión por comercialización y por uso en empresas multas de hasta 180 UIT
(S/.747,000), el uso ilegal de software se mantiene en un altísimo nivel alarmante
e incontrolable y no se conoce ningún caso de pena privativa de la libertad
impuesta por este delito.
Bajo
este panorama se requiere que la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI
promueva más campañas para incentivar el uso de programas informáticos legales
en las empresas del país, principalmente las Pymes, también, mayores controles
e inspecciones inopinadas, especialmente a empresas de manufacturas, ventas,
distribución y servicios que, según la BSA, son las que más inciden en uso de
software ilegal, además, que la Dirección de Delitos Intelectuales de la
Policía Fiscal (DIRPOLFIS) realice constantes operativos y decomisos de
material ilegal en negocios y galerías de venta y ensamble de equipos de
cómputo en todo el país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de junio de
2018
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