El
pasado 30 de junio, el Ministro de la Producción (Produce), Raúl Pérez-Reyes,
manifestó que se evaluaba ampliar el plazo del Sistema de Formalización
Pesquera Artesanal (Siforpa) para formalizar pescadores y puedan obtener
permiso de pesca; cabe mencionar que
este sistema de formalización fue creado en diciembre 2016 (DL 1273)
constituyendo una excepción y proyectando formalizar 25,000 pescadores, lo cual
nunca se logró, ni al concluir su plazo (agosto 2017) ni durante su ampliación
hasta diciembre 2017. Según cifras de Produce se han formalizado 6,000
embarcaciones pesqueras, 37% de las 16,045 registradas durante el primer y
único censo nacional de pesca artesanal (marzo 2012), sin embargo, es una
incógnita la cantidad formalizada de pescadores que según dicho censo
registraba 56,559 (44,161 pescadores y 12,398 armadores), cantidad que en 6
años debe haberse incrementado notoriamente.
La
actividad pesquera artesanal opera en diez regiones del litoral, abastece
recursos pesqueros frescos al mercado (bonito, perico, caballa, pejerrey,
pulpo, calamar, pota, etc.) aportando a la seguridad alimentaria, además,
genera 50% del empleo total del sector, sin embargo, también presenta
debilidades como baja productividad y competitividad, informalidad, desorden,
poca exportación, mucha comercialización de pescado fresco no contabilizada,
decenas de desembarcaderos excluidos para exportación, faenas artesanales
perjudicadas por ingreso de embarcaciones industriales a las 5 millas,
asimismo, conjuntamente con fábricas, minería y residuos sólidos y líquidos
costeros, genera contaminación del mar proveniente de embarcaciones, faenas y
plantas.
Bajo
este panorama los agentes y actores de pesca artesanal pierden interés por
insertarse en el mercado formal, sin embargo, por su importancia económica,
social y en nuestra gastronomía, el Gobierno y Produce deben fomentar y
promocionar la pesca artesanal, priorizar la construcción de nuevos
desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) y modernizar los actuales
adecuándolos a estándares sanitarios con infraestructura que mantenga la
calidad del producto; mejorar el proceso sanitario y de tramitación para
exportación; otorgar créditos como material de trabajo, brindar capacitación a
los pescadores y resolver la problemática de jubilación del trabajador
pesquero; también, el seguro obligatorio del pescador artesanal (SOPA) cuya ley
(30636) fue promulgada hace un año aun no es reglamentada y además es rechazada
por muchos pescadores por sus bajos beneficios; finalmente, urge realizar un
segundo censo (el primero fue hace 6 años) para sincerar cifras que actualmente
se manejan sin sustento estadístico con el fin de ejecutar políticas
estructuradas para su mejor manejo productivo y generación de más puestos de
trabajo formales.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de julio de 2018
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