El pasado día
8 el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor)
informó que reportó a autoridades competentes y fiscalías especializadas en
materia ambiental (Fema) sobre irregularidades (en el período octubre
2017-agosto 2018) en extracción de 60
millones de pies tablares de madera (274 mil m3), volumen que
transportarían 5 mil camiones de carga (cada uno con 12 mil pies tablares),
esta carga ilegal extraída en zonas no autorizadas de diferentes provincias de
Ucayali, Requena, Loreto y Maynas (región Loreto) equivale a S/108 millones. Pero
además, durante 2017, de toda la madera que se extrajo y movilizó en el país, 67%
(374 mil m3) tuvo origen ilegal, principalmente de Loreto, Ucayali, Madre de
Dios y San Martín.
El pasado día
18 el Comité de Madera de EE UU advirtió sobre la insuficiencia de acciones
peruanas para fortalecer el sector forestal y detener la tala ilegal, esto
debido a que en febrero 2018, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú-EE UU (manejo del sector forestal capítulo 18, anexo 18.3.4),
el Comité de Madera de EE UU solicitó a Osinfor la verificación de si tres
embarques a su país habían cumplido leyes y normas sobre extracción y comercio,
determinándose posteriormente que parte de los envíos incumplieron los
requisitos legales.
Bajo este
panorama, en nuestro país el comercio de madera relacionado con la tala ilegal,
incluido su tráfico, socavan el comercio de productos legales, reducen el valor
económico de recursos naturales y debilitan su conservación y manejo
sostenible. Según el Banco Mundial, 80% de madera exportada del Perú proviene
de tala ilegal. Estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio
ilegal de madera a pesar que tenemos nueva Ley Forestal 29763 con 4 reglamentos
(setiembre-2015), además, estrategia nacional contra la tala y comercialización
ilegal, y para combatir estos delitos existe una comisión multisectorial
permanente y un alto comisionado, Serfor, Osinfor y Sinafor, sin embargo,
anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques.
Se requiere
mayor inversión para actividades de control, vigilancia y fiscalización de
nuestros bosques, rigurosa revisión de títulos habilitantes y concesiones
madereras, detección de casos de aprovechamiento ilícito y manejo de la madera que
asegure su procedencia legal antes de exportarla, considerando principios y
criterios del Consejo de Manejo Forestal (FSC), asimismo, debe mejorarse la conexión
informática entre entidades del sector forestal y sancionarse con rigurosidad y
prisión efectiva los delitos forestales.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de setiembre de 2018
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