El pasado día
5 el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, de manera muy expresiva informó
sobre un significativo incremento de recursos asignados para remediación de pasivos
ambientales mineros y de hidrocarburos, de S/ 155 millones (US$ 46 millones) el
2018 a S/ 300 millones (US$ 89 millones) el 2019, añadiendo “lo cual evidencia
el interés del Gobierno para su atención”, sin embargo, se trata de una irrisoria
inversión para tal fin, toda vez que en 2014 la Dirección de Asuntos
Ambientales Mineros estimó mínimo US$ 500 millones solo para cerrar pasivos
mineros de alto riesgo. Por falta de inversión hace 5 años los pasivos
ambientales mineros siguen incrementándose, el año 2010 se inventariaron 5,551
y según el último inventario 2018 existen 8,794 (RM-224-2018MEM/DM), además de 3,500
pasivos de hidrocarburos.
A pesar de la
Ley 28271 que regula los pasivos ambientales mineros (reglamentada en diciembre
2005) y la Ley 29134 que regula los pasivos de hidrocarburos (en vigencia desde
2013) éstos no disminuyen, y menos se avizora alguna remediación, además los inventarios
anuales de pasivos mineros, en su mayor porcentaje, no identifican los
responsables que los generaron ni se gestionan estudios ambientales. Mientras
el MEM no identifique los generadores de los pasivos, el Estado es responsable
de su remediación (DS-069-2005-EM). Increíblemente
existen pasivos mineros en 21 de las 25 regiones con casos de exorbitantes
cantidades en Áncash (1,377), Cajamarca
(1,155) y Puno (1,139), además de pasivos en más de 50 cuencas, pero poco o
nada se hace para remediarlos.
Bajo este
panorama, el pasado día 10 llegaron a Lima representantes de Pasco, La Oroya,
Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno para dar a conocer la
problemática de contaminación ambiental y de pasivos que afectan su salud,
exigiendo una política de salud integral y atención especializada. Los pasivos
ambientales mineros y de hidrocarburos, durante las lluvias causan enormes
discurrimientos de restos altamente tóxicos contaminando cabeceras de cuencas,
ríos, suelos y el ecosistema afectando seriamente la salud de los pobladores. El
gobierno debería activar las recomendaciones del Informe de la Defensoría del
Pueblo N° 171 (julio 2015) brindando atención
prioritaria a los pasivos ambientales depositados o abandonados, garantizando
recursos financieros y ejecutando acciones para su remediación (principalmente
los de alto y muy alto riesgo), e identificando los responsables, siendo
imperativa una acción coordinada del Estado en sus 3 niveles de gobierno.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de noviembre de 2018
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