El pasado día
12 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial “Retos del Sistema
Penitenciario” en el que advierte que el nivel de hacinamiento en 54 de los 69
penales existentes en el país ha sido desbordado, de una capacidad máxima para
recibir 39,156 internos actualmente albergan a 89,166, es decir, existe una
increíble sobrepoblación de 128%, pero hay penales que tienen extrema sobrepoblación
y hacinamiento como el penal del Callao Sarita Colonia casi en 500%, el penal
Miguel Castro Castro (300%) y Lurigancho (200%). Además se presentan otros
graves problemas, entre ellos, el nivel de internos sin condena llega al 40%, además,
para personas vulnerables internadas hay déficit o ausencia de políticas de
tratamiento, y los problemas de seguridad dentro de los penales son deficientes,
en el penal de Lurigancho hay un solo agente penitenciario disponible para el
resguardo de 117 internos y en el penal El Milagro (Trujillo) hay disponible un
agente penitenciario para y 131 internos.
La
inseguridad de los penales es realmente dramática, se perpetran extorsiones con
celulares, se coordinan secuestros y crímenes por encargo y predomina una grave
corrupción y discrecionalidad donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen
bandas de secuestradores, narcotraficantes y escuelas de crimen, los decomisos de
celulares, cocaína, licores, y armas son comunes, por lo que las posibilidades
de resocialización son muy limitadas o casi nulas a pesar de que existe un
mandato constitucional que dispone que el sistema penitenciario tiene por
objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora
penitenciaria (Artículo 139 inciso 22), sin embargo esto no se ejecuta en los
penales.
Aunque
parezca increíble el sistema penitenciario y el Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe) se encuentran declarados en emergencia desde el 6 enero
2017 por 2 años que culmina el 6 enero 2019 (Decreto Legislativo 1325) a fin de
revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a
nivel nacional por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra
la corrupción, fortalecimiento de la gestión administrativa e infraestructura, sin
embargo, ya estamos solo a días de que concluya la declaratoria de emergencia y
no se han logrado mejoras. El ministro de Justicia le debe una explicación al
país sobre los resultados obtenidos en el sistema penitenciario nacional y en
el Inpe durante estos dos años declarados en emergencia.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de diciembre de 2018
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