El pasado 21
de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) presentó en Buenos Aires, Argentina, la primera edición del
“Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe” advirtiendo que en
la última década aumentó la pobreza rural regional en 2 millones de personas llegando
a 59 millones de pobres rurales, de los cuales 27 millones son pobres extremos
rurales, resaltando que casi la mitad de la población rural regional es pobre a
pesar que 28 de los 33 países que la conforman son de ingreso rural medio y
alto.
Con relación
al Perú, el informe incluye nivel de pobreza monetaria y nivel de pobreza
multidimensional, respecto a la monetaria (actualmente aplicada por INEI)
indica que hemos reducido la pobreza rural desde 1997, de 73% a 46% en 2014
(actualmente el INEI registra 44.4%),
esto significa que de los 9 millones de peruanos rurales casi 4 millones son
pobres), pero el informe también registra que tenemos 86% de pobreza
multidimensional (de los 9 millones de peruanos rurales 7.7 millones son pobres).
Para comprender esta extrema diferencia entre medición monetaria y
multidimensional, el INEI emplea la medición monetaria considerando que quien tiene
S/ 11.27 diarios
para vivir (alimentación y todas las demás necesidades) no es pobre, y si tiene
más de S/ 6.1 no es pobre extremo. Esta inexplicable e ilógica medición no
permite dimensionar la magnitud de las carencias poblacionales que si incluye la
medición multidimensional como falta de servicios básicos, educación, empleo,
protección social, vivienda y calidad de vida.
Bajo este
panorama nuestra pobreza rural es estructural, los elevados niveles de pobres y
la mayoría de necesidades básicas insatisfechas demuestran que las zonas
rurales están siendo olvidadas por el Estado y la sociedad. Se requieren programas
estratégicos y políticas políticas coordinadas entre los tres niveles de
gobierno, nacional, regional y local priorizando la inversión para luchar
contra la pobreza existente en el ámbito rural, principalmente en crear
oportunidades de empleo (la informalidad supera 88%), mejorar agua y
saneamiento (alrededor de 30% sin servicio de agua y 42% sin servicios
higiénicos), salud (mínima inversión, cobertura muy reducida y en muchos casos
inexistente), educación (muy bajos niveles de aprendizaje), capacitación de
pequeños agricultores (siembras, cosechas, demanda, calidad, competencia y
precios de productos), electrificación (brecha permanece en 20%), y gestión ambiental
(conservación ambiental y manejo eficiente de recursos naturales).
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de diciembre de 2018