El pasado 14
de diciembre fue aprobada la Política de Atención Educativa para la Población
de Ámbitos Rurales (DS-013-2018-MINEDU) buscando
garantizar un servicio educativo a los estudiantes rurales que les permita
desarrollar sus competencias, sin embargo, esta política no nace como una
iniciativa del Gobierno ni del Ministerio de Educación (Minedu), sino por una
sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente-00853-2015-PA/TC-14 marzo
2017) que ordena al Minedu el diseño, propuesta y ejecución de un plan de
acción que al año 2021 pueda asegurar disponibilidad y accesibilidad a la educación
en el ámbito rural.
Esta política
se basa en el cumplimiento de 4 objetivos prioritarios (accesibilidad de
servicios educativos de calidad, mejorar el desempeño docente, garantizar la
trayectoria educativa, y educabilidad y bienestar) incluyendo 21 lineamientos,
buscando que al 2030 el 60% de estudiantes de educación secundaria logren aprendizajes
satisfactorios e incrementar del 53% al 90% la culminación de educación básica
de calidad, además del desarrollo de competencia según sus necesidades,
dinámicas productivas y características socioculturales, sin embargo para
accionar toda esta política, respecto a su financiamiento, se dispone solo de
presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales al tesoro
público.
Sería
imposible cumplir con los objetivos de mejorar la educación rural sin financiamiento
adicional indispensable para enfrentar una problemática realmente alarmante que
incluye aspectos no solucionados hace muchos años, tales como, escuelas
insuficientes para educación multigrado, unidocentes y bilingües especialmente
para secundaria; escasa cantidad de docentes con práctica pedagógica de baja
calidad con sobrecarga laboral y baja motivación; mínima disponibilidad de
recursos educativos; inadecuado currículo (enorme brecha entre lo propuesto y
lo que efectivamente se enseña y aprende en las escuelas); elevada deserción de
estudiantes, atraso en estudios y alta repitencia escolar; inadecuadas
condiciones socioeconómicas, prevalencia de desnutrición crónica (25.3%) y tasa
de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años (22.5%).
Bajo este
panorama mejorar la formación escolar en las áreas rurales debe ser un
principal desafío y prioridad del Gobierno, de los más de 6 millones de
peruanos que habitan en las áreas rurales casi 2 millones están en etapa
escolar y tienen el derecho de recibir una educación cualitativamente
satisfactoria y una formación integral, para ello es necesario mejorar la
infraestructura educativa, la capacitación de los maestros, la gestión y
planificación educativa, las redes, currículos, uso de tecnologías de
información y comunicaciones (TIC), etc., para lo cual, sin duda, se requiere mayor
incremento de recursos públicos.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de enero 2019
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