El pasado
día 29 de enero la organización Transparencia Internacional presentó su Índice
Anual de Percepción de la Corrupción 2018 en el cual nuestro país ocupa el
puesto 105° entre 180 países, el peor puesto desde el año 2012 en que nos ubicamos
en el puesto 83°, como este índice permite desde dicho año la comparación anual
de puntajes, hemos empeorado 22 puestos en el nivel de corrupción de este
Índice que analiza fundamentalmente en los países los casos de corrupción de
funcionarios públicos y políticos, abuso del servicio público en beneficio
personal, sobornos, pagos irregulares en contrataciones públicas y malversación
de fondos, así como la efectividad de iniciativas anticorrupción promovidas por
los gobiernos.
No nos
sorprende este puesto obtenido en el Índice por todos los escándalos de
corrupción política y empresarial sucedidos en nuestro país en los últimos años
y que actualmente, por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estamos
corroborando las enormes coimas de millones de dólares entregados a ex
presidentes, ministros, funcionarios, gobernadores regionales y alcaldes, además
de la corrupción de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”
que tiene 100 denuncias y una veintena de jueces involucrados, y hasta del
“Club de la Construcción” con más de 10 empresas que habrían repartido sobornos
a funcionarios públicos.
Durante
los últimos años ha proliferado en nuestro país el nombramiento de comisiones de
alto nivel, consejos, oficinas nacionales y pactos anticorrupción, además contamos
con un Plan Nacional Anticorrupción y un Código Procesal Penal, sin embargo, continúan
las denuncias y la espiral de corrupción avanza sin freno motivo por el cual la
Procuraduría Anticorrupción tiene una carga procesal penal a nivel nacional de
más de 40,000 procesos de corrupción
en trámite.
Bajo este
panorama la razón principal del incremento de la corrupción en nuestro país se
debe principalmente a que el ámbito político es atraído por la ambición al
dinero y la utilización del poder que generan casos de tráfico de influencias, sobornos
y coimas, y porque la lucha contra este flagelo no está funcionando debido a la
falta de institucionalidad política y judicial, fragilidad en los sistemas de
prevención y control y falta de compromiso ético y transparente con el país de los poderes
del Estado y de políticos y personajes públicos para que se distingan por su
austeridad y honradez, todo lo
cual imposibilita la eliminación de los incentivos e impunidad que genera la
corrupción.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de febrero
de 2019
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