El pasado 21
de marzo, Carlos Sulca, quien habría formado parte de una red de narcotráfico
en el Callao, después de haber cumplido 18 meses de prisión preventiva sin que
el Ministerio Público concluya la investigación, salió del penal de
Challapalca, en Tacna, para cumplir detención domiciliaria en su casa de Lima
bajo custodia policial, distrayendo gran cantidad de policías de sus labores. Este es uno de los más de 200 casos
que se encuentran con detención domiciliaria incluidos cabecillas de Sendero
Luminoso (Osmán Morote y Margot Liendo) además de sicarios, extorsionadores, peligrosos
asaltantes, y otros delincuentes, pudiendo usar al sistema de vigilancia
electrónica personal a través de grilletes electrónicos los procesados cuyas condenas
sean menores de 8 años de prisión o no tengan condena, según reportes policiales
muchos procesados con detención domiciliaria burlan la seguridad (el año 2017
de 238 procesados 115 quebraron alguna vez el arresto).
La
normatividad para el uso de grilletes electrónicos se remonta hace 9 años al
promulgarse la ley 29499 (enero 2010) que establece la vigilancia electrónica
personal, y su reglamento (DS-003-2010-JUS agosto 2010). En agosto 2010 se decidió la adquisición de 2,000 grilletes contándose
con expediente técnico aprobado y viabilidad presupuestaria, sin embargo nunca
se concretó. Desde julio 2017 existe
un contrato con la empresa Geosatís por la operación de solo 33 grilletes, de
ellos solo se han usado 14 en el cercado de Lima a manera de plan piloto siendo
monitoreados por el Instituto
Nacional Penitenciario (INPE),
pero no se puede realizar un balance sobre su funcionamiento por la poca cantidad
de grilletes en uso, tampoco se puede ampliar
a otros distritos por problemas técnicos de conectividad.
Bajo este panorama los grilletes electrónicos
son implementos importantes en el sistema penitenciario y deberían usarse en la mayor cantidad
posible de internos con detención domiciliaria para control efectivo y evitar fugas, solucionar en parte el
hacinamiento de penales y reducir la cantidad de policías para custodias.
Actualmente el Sistema Nacional Penitenciario se encuentra en
estado de emergencia desde enero 2017 por 4 años, inicialmente por 2 años hasta
enero 2019 y prorrogado 2 años adicionales hasta enero 2021 por persistir los
motivos que lo originaron para su reestructuración y la del INPE principalmente
por la sobrepoblación de internos en penales (128%), también por falta de
medios necesarios: humanos,
logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y
seguridad penitenciaria.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de abril de 2019
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