Entre los
días 14 y 17 de este mes nuestro país fue sede del tercer Congreso de Áreas Protegidas
de Latinoamérica y el Caribe (III Caplac) organizado por el Ministerio del
Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
El objetivo del Congreso fue promover, fortalecer y renovar la gestión de las
áreas protegidas de los países frente a las necesidades actuales y futuras,
cumplir compromisos internacionales para conservación de áreas protegidas y de
la naturaleza para bienestar y desarrollo sostenible.
Lamentablemente
los temas políticos y de corrupción en nuestro país han opacado este importante
Congreso de trascendencia internacional (2,700 participantes de 33 países) pasando
casi desapercibido a pesar que el Gobierno peruano lo declaró de interés
nacional (RS-026-2019-Minam) y el presidente Vizcarra inauguró el evento. La
declaración final del III Caplac arrojó trascendentes compromisos de los países
para mejorar la gestión de áreas protegidas e implementar estrategias de
conservación para frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar lo perdido, garantizando
el desarrollo, bienestar, salud, expresiones culturales y la vida.
En nuestro
país estamos muy lejos de lograr los acuerdos suscritos. A pesar que contamos
con 158 áreas protegidas (16.93% de
territorio nacional equivalente a 22 millones de hectáreas) divididas en parques
nacionales, reservas nacionales y comunales, santuarios nacionales e históricos,
reservas paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida Silvestre y
cotos de caza, sin embargo tenemos temas muy críticos que nos impiden mejorar
la gestión con adecuadas estrategias de conservación de dichas áreas tales como
la minería ilegal, tráfico de tierras, cultivos de coca, narcotráfico, tala
ilegal, deforestación, delitos que han llegado a muchas zonas de
amortiguamiento, en otras han ingresado y algunas se encuentran acorraladas, casos
puntuales son las áreas naturales Sierra del Divisor, Cordillera del Cóndor,
Huascarán y las reservas Bahuaja Sonene y Tambopata.
Bajo este
panorama, solo durante 2018 creamos doce nuevas áreas protegidas con un proceso
relativamente sencillo, pero el principal problema es su protección. Para la
Procuraduría Especializada en Materia Ambiental, la mayor dificultad es la
preservación, a pesar de inmensas extensiones debemos ser el país con menos
guardaparques para cuidarlas y controlarlas. Lo expuesto y lo acordado en la
III Caplac, refuerza la urgente necesidad en nuestro país de implementar acciones
conjuntas de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) que asegure la gestión de biodiversidad,
conservación y provisión de servicios ecosistémicos de nuestras áreas
protegidas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo
publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de octubre de 2019
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