Nuestra inversión pública se encuentra casi paralizada a
pesar de representar una variable clave para impulsar el crecimiento del PBI,
incrementar el empleo, el consumo y la producción. Los últimos registros son muy
preocupantes, faltando solo 2 meses para finalizar el año la ejecución de
inversión pública 2019 a nivel nacional sería la más baja de los últimos 6 años
debido a la reducida ejecución de obras del gobierno central, gobiernos
regionales y municipales, a pesar de las prioritarias necesidades en obras,
infraestructura y servicios básicos para la población, de un presupuesto de
S/48,775 millones para inversiones
solo han ejecutado S/.20,537
millones (42.1%). Según la Contraloría
actualmente estarían paralizadas unas 6,000
obras.
Increíblemente, del presupuesto modificado 2019 asignado
para inversión a los 18 ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (S/.18,766 millones), faltando 2 meses para finalizar
el año tienen 2,500 proyectos no
ejecutados habiéndose invertido solo S/.7,896
millones (42%), por ejemplo, el sector Salud, uno de los más requeridos y
urgentes por la población tiene 182 proyectos no ejecutados y de S/.877
millones recibidos solo ha gastado S/.269 millones (30.7%), también la Autoridad
de Reconstrucción con Cambios (ARCC) para reconstrucción de
infraestructura dañada y destruida en 13 regiones por el fenómeno El Niño
Costero, de un presupuesto 2019 de S/.6,400
millones hasta medio año solo invirtió S/.1,370
millones (21.3%), y acaba de
renunciar su director ejecutivo, Nelson Chui.
Bajo este panorama, la inversión pública se encuentra
estancada a pesar que existe suficiente normativa para impulsarla: Decreto de Urgencia
(DU.006-2018-mayo), DU.004-2019-17 octubre, y además, el pasado día 30 el
presidente Vizcarra anunció otro DU para destrabar obras paralizadas, sin
embargo el problema principal es de falta de gestión pública. La evaluación y formulación de proyectos de
inversión pública debe analizar la coherencia con las políticas sectoriales,
regionales o municipales, valorar costos y beneficios, estimar el momento
óptimo de la inversión y evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad
socio-económica, para ello, en los niveles operativos del gobierno central,
regional y municipal no existe adecuada capacidad de gestión pública ni una apropiada
cantidad de profesionales especialistas en formulación de proyectos de calidad
que recojan las necesidades de la población y optimicen presupuestos, además, hay
falta de exigencia de objetivos, metas, indicadores y resultados concretos para
cumplirse con los fines de la inversión de manera oportuna y eficiente y que genere
rentabilidad social de acuerdo a la planificación efectuada.
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