Los resultados de las elecciones del pasado 26 de enero señalan que nueve partidos han alcanzado pasar la
valla electoral logrando representación en el próximo Congreso que presenta
alta dispersión y fragmentación, con algunos partidos con prédicas religiosas,
absolutistas, violentistas y radicales, motivo por el cual este Parlamento se
verá obligado a dosificar, consensuar y negociar para concluir las reformas política
y judicial en solo 15 meses. Durante la campaña electoral, la mayoría de
partidos y postulantes ofrecieron debatir prioritariamente el tema de la
inmunidad parlamentaria, esperamos que eso se cumpla porque se trata de un
privilegio infundado que tienen los congresistas para evitar ser procesados ya
que ésta solo puede levantarse con aprobación de ellos mismos, caso contrario
ningún congresista puede ser procesado ni detenido desde su elección hasta un
mes después de finalizada su función;
aunque parezca increíble, muchos congresistas elegidos para este nuevo
parlamento registran grave historial judicial y policial pero tendrán inmunidad
parlamentaria.
A
pesar que esta prerrogativa está amparada
en la Constitución (artículo 93°)
se ha prestado para innumerables
blindajes de congresistas evitando ser procesados por acciones que no están
relacionadas con sus obligaciones parlamentarias (el Poder Judicial le pidió al
Congreso disuelto el levantamiento de inmunidad de ocho legisladores
sentenciados pero solo tres fueron declarados procedentes), además, los mismos
congresistas, hasta en cinco dictámenes, rechazaron perder el control para levantamiento
de inmunidad para seguir esquivando a la justicia. Del último congreso disuelto
31 excongresistas que
perdieron su inmunidad tienen investigaciones pendientes en el Ministerio
Público por diversos delitos, y algunos de ellos de la Comisión Permanente seguirán
protegidos hasta 30 días después de la instalación del nuevo Congreso.
Bajo
este panorama la inmunidad parlamentaria ha generado impunidad para muchos
congresistas en base a cálculos políticos y componendas, este indigno
privilegio, desde hace años ha sido repudiado en todas las encuestas por más
del 70% de la población, según la última de Ipsos (noviembre 22), el 78% la
rechaza y pide eliminarla. Una acción principal del nuevo Congreso debería
consistir en derogar o reformular el artículo 93º de la Constitución de manera
que la decisión de levantar la inmunidad en casos de delitos comunes no dependa
del mismo Congreso como juez y parte, sino de la Corte Suprema u otro organismo
autónomo. Finalmente, la
representatividad de los congresistas debería obligarlos a seguir un
comportamiento ético y de conducta al servicio de la sociedad y del país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de febrero de
2020
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