A principios de abril, cuando el coronavirus se
desbordaba en Ecuador, ciudadanos venezolanos trataron de ingresar al Perú por
uno de 22 puntos de pasos clandestinos que el día 4 fueron reforzados con
vehículos blindados, sin embargo, por décadas, estos pasos son usados por
inmigrantes ilegales, contrabandistas de combustibles, de larvas de langostinos
y otros productos, además, en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas, existen
pasos ilegales de Ecuador a Perú a Santa María de Nieva y Loreto, también por
tráfico de oro en Alto Comaina, El Tambo, distrito El Cenepa.
Nuestro país
tiene 7,073 kilómetros de línea de
frontera con 5 países: Brasil (2,822 kilómetros), Ecuador (1,529), Colombia (1,506), Bolivia (1,047) y
Chile (169), los cuales limitan con las regiones de Puno, Tacna, Tumbes, Piura,
Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, siendo los departamentos
de la Amazonía los más aislados por indiferencia del Estado para cubrir
servicios de salud, educación, justicia y servicios básicos, entre otros.
Una de las
fronteras más vulnerables es con Colombia, gran línea natural a lo largo del
río Putumayo donde los pueblos afincados por su pobreza son vulnerables a
incursiones desde Colombia de narcoterroristas, disidentes FARC, mineros
ilegales y cultivadores de coca. Otra frontera muy vulnerable es la triple
frontera con Colombia y Brasil donde la localidad peruana de Santa Rosa con
precaria situación de salud, educación, servicios básicos y mínimas autoridades,
presenta casos de narcotráfico, prostitución y trata de personas. Con Bolivia,
los mil kilómetros de frontera son prácticamente transitables con muchas rutas
ilegales por donde pasa droga y oro de contrabando, y con Chile, nuestro
distrito La Yarada-Los Palos, creado hace 5 años para afianzar nuestra
territorialidad fronteriza increíblemente no cuenta con agua ni desagüe, además
está pendiente por parte de Chile el despeje de 28 áreas minadas en su zona
fronteriza (21,552 minas antipersonales y antitanques).
Bajo este
panorama poco o nada se ha logrado para alcanzar el desarrollo sostenible de
nuestras fronteras a pesar que el artículo 44° de la Constitución dispone la
obligación del Estado a establecer y ejecutar la política de fronteras, asimismo,
la ley 29778 (julio-2011) y la Política Nacional (junio-2018) postulan el
desarrollo e integración fronteriza, pero increíblemente según el artículo 7 de
esta Política las medidas y acciones asociadas no demandaran recursos
adicionales del Tesoro Público. Es así que por ausencia del Estado la mayoría
de nuestras fronteras presentan situación de pobreza, marginalidad y
vulnerabilidad.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2020