Sin embargo, antes
de emitir su voto los congresistas deben saber que en la práctica, si nuestro
país se adhiere a este peligroso Acuerdo, permitiríamos que cualquier persona,
o personas jurídicas como las ONG ambientalistas (existen aproximadamente un
centenar en el país) puedan acceder a toda información ambiental obligando al
Estado a entregársela, además posibilita su participación en proyectos, inclusive
antes que las empresas presenten estudios de impacto ambiental (EIA), igualmente,
les permitiría acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar
decisiones u omisiones que según ellos podrían afectar el ambiente.
También, antes
de emitir su voto los congresistas deben saber que conforme al Anexo I del
Acuerdo son 33 países de América Latina y el Caribe que pueden firmar y
adherirse (Estados Unidos y Canadá no intervienen), de éstos, 22 han firmado y
para que entre en vigor deben ratificarlo 11, actualmente 9 lo han ratificado, además
de Bolivia y Ecuador, 7 países, la mayoría pequeños y sin recursos naturales: San
Cristóbal y Nieves (población 55 mil, extensión 261 km2); Antigua y Barbuda
(población 96 mil, extensión 442 km2); San Vicente y las Granadinas (población
110 mil, extensión 387 km2); Guyana (población 800 mil, extensión 215 mil km2);
Jamaica (población 2.9 millones, extensión 11 mil km2); Panamá (población
4 millones, extensión 75 mil km2) y Nicaragua (población 6 millones, extensión
130 mil km2), todavía no lo ratifican Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Paraguay, Perú.
Bajo este
panorama faltando solo dos ratificaciones (plazo vence este 27 setiembre) es
probable que el Acuerdo entre en Vigor porque puede ser ratificado por cualquier
otro país firmante (Haití, Santa Lucía, Granada, Guatemala, Costa Rica o
República Dominicana), sin embargo, si el Congreso peruano no lo ratifica (sería
la mejor opción) no nos obliga al tratado, si lo ratifican, estaríamos
cediendo voluntariamente soberanía en nuestra Amazonía, afectando proyectos mineros, de
hidrocarburos, forestales, además de trasladar conflictos ambientales de
carácter interno hacia tribunales internacionales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo
publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de 2020
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