El pasado día 16 el Contralor General de la República, Nelson Shack, durante una visita de supervisión a la Refinería de Talara, anunció que ejecutará una exhaustiva investigación sobre las inversiones realizadas con auditorías de cumplimiento y de desempeño a la ejecución de obras para determinar si es justificado el aumento de la inversión. Según Shack, “esta obra empezó con una aproximación por más de US$ 1,300 millones y hoy debe estar costando casi US$ 5,000 millones”, sin embargo, con estas cifras, el Contralor se quedó corto.
En octubre 2008 hubo una primera convocatoria por US$
800 millones declarada desierta, en diciembre 2009 una segunda convocatoria ganada
por la empresa española Técnicas Reunidas suscribiéndose en marzo 2010 un
contrato por US$ 1,200 millones siendo seriamente cuestionado. En 2012 Técnicas
Reunidas, sin argumentos válidos, revalorizó el proyecto hasta US$ 3,450
millones. El ex presidente Humala, para agilizar este “elefante blanco”, promulgó
la ley 30130 (diciembre 2013) declarando prioritaria su ejecución y en mayo
2014 se firmó con dicha empresa un nuevo contrato por US$ 3,500 millones,
asegurando el inicio de operaciones en mayo 2019, sin embargo, después de
muchos desfases, descoordinaciones, discrepancias, reclamaciones, brechas de
financiamiento y retraso de unidades auxiliares (empresa Cobra), recién empezaría
a operar a fines del 2021 a un costo que superaría los US$ 6,000 millones
incluyendo los intereses estructurales de inversión.
Llama la atención que hace más de 2 años (mayo 2018)
el Contralor Shack hizo el mismo anuncio “la Contraloría viene realizando
acciones preparatorias para desplegar en 2019 una auditoría a la refinería”,
inclusive añadió que el costo se había triplicado sin que existan cambios
significativos en la capacidad de producción ni cantidad de productos finales
del proyecto, sin embargo, no ha ejecutado hasta la fecha dicha auditoría. Inclusive un informe previo
de Contraloría de julio 2017 identifica riesgos en la determinación del monto
de inversión del proyecto.
Bajo este panorama se requiere que la Contraloría realice una
escrupulosa investigación y peritaje de las obras en cada etapa de construcción,
desde su inicio en 2014, para determinar si los costos fueron apropiados debido
a que Petroperú es una empresa que pertenece totalmente al Estado peruano y los
recursos financiados se han incrementado exponencialmente desde US$ 800
millones en 2008 hasta alrededor de US$ 6,000 millones al término de un
proyecto de baja productividad que ninguna empresa privada lo asumiría por no ser
rentable ya que según análisis económicos la inversión se recuperaría recién
después de 30 años.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de octubre
de 2020
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