El sector minero, por su gran potencial, es crucial para la recuperación de nuestra economía, sin embargo, arrastra el grave problema de la minería ilegal que lejos de resolverse avanza imparable. Para enfrentarla es indispensable la formalización minera por parte del Estado, pero increíblemente han pasado casi 19 años desde que se inició el proceso para formalizar y promover la pequeña minería artesanal (Ley 27651 enero 2002) pero nada se avanzó, 9 años después, en marzo 2011, se lanzó el Plan Nacional para la formalización con plazo de acción de 5 años, pero tampoco nada se logró, y como para tratar que nos olvidemos de este proceso, a partir de 2016 se produjo una seguidilla de ampliaciones de plazos, primero hasta junio 2017, luego hasta octubre 2018 y finalmente hasta diciembre 2021 (Ley 31007 octubre 2019). A nivel nacional hay 400,000 mineros ilegales con mínimo porcentaje de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y solo 5,000 (1.25%) tributan, esto explica porque desde 2012 se exportaron alrededor de US$ 15,000 millones de minerales (principalmente oro) sin declararse ni pagar impuestos.
En febrero 2012, por gran
incremento de la minería ilegal se reguló su interdicción (DL.1100) declarando
sus acciones de necesidad pública y ejecución prioritaria, desde 2013 se efectuaron
cientos de acciones de interdicción, y en enero 2019, a través de operaciones
conjuntas de personal de las FFAA y PNP se realizó el operativo “Mercurio” en La Pampa (zona amortiguamiento Reserva
Nacional Tambopata), desalojándose 6,000 mineros ilegales que durante 15 años extrajeron
oro y destruyeron 12,000 hectáreas de bosque amazónico, pero gran parte se
trasladaron a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal Amarakaeri, a Alto
Malinowski y Pariamanu (Madre de Dios), y a Quincemil y Camanti (Cusco). Durante
2020, por aumento de mineros ilegales en Madre de Dios, se han ejecutado muchas
interdicciones: en la Reserva Comunal Amarakaeri, en el cauce del río de Quebrada Santa Isidora, Quebrada
Berben y El Ponal, en el río Inambari y zona de Pariamanu, en sectores de
Kotsimba y Sarayacu, en Apaylon, en el cauce del río Malinowski y en zonas de
amortiguamiento de Tambopata.
Bajo este
panorama, sin poderse formalizar
la minería ilegal por un proceso que ha fracasado, y solo con interdicciones no
podrá contrarrestarse, continuará incrementándose y
seguirá evadiendo impuestos, generando graves delitos, contaminando con cianuro
y mercurio nuestros recursos hídricos y suelos, y depredando los bosques
amazónicos y su biodiversidad.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de octubre de
2020
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