En
el puerto de Pisco (oficialmente, Terminal General San Martín) existía desde
1969 un muelle marginal con cuatro amarraderos, el cual sufrió serios daños
durante el terremoto de 7.9° en la región Ica (agosto 2007). En
abril 2014 el puerto fue concesionado por 30 años al Consorcio Terminal
Portuario Paracas (TPP) conformado por tres empresas (una española y dos
brasileñas) para su rehabilitación, construcción, conservación y explotación, y
convertirlo en un terminal multipropósito con servicios para pasajeros,
contenedores, carga fraccionada, a granel, proyecto y rodante.
En
dicha concesión no se especifica almacenaje de concentrado de minerales y TPP
no lo tenía considerado en su proyecto, sin embargo, en julio 2016, cuando se
autoriza el inicio de trabajos de modernización, presentaron una adenda para
construir tres obras adicionales, entre ellas un almacén de concentrados
minerales, pero al no ser aprobado, en abril 2018 presentan al Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una
Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) la cual fue rechazada en
febrero 2019 (no pudieron levantar más de 100 observaciones de diferentes
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil), aun así, TPP solicitó una
nueva reevaluación.
El
pasado día 19 Senace rechazó dicha apelación por advertirse potenciales
impactos ambientales que no serían posibles de evitar o mitigar. De inmediato
la empresa TPP informó que demandará al Estado peruano ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque
según su presidente ejecutivo, Jorge Arce, ejercerán sus derechos legales (ya
desde 2019 esta empresa amenazaba demandar al Estado peruano por US$ 200
millones si Senace continuaba negando la construcción del almacén de minerales).
Bajo
este panorama, el puerto General San Martín se ubica sobre la Bahía de Paracas
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional (tercera área natural
protegida más visitada del país) y no debería albergar un almacén de
concentrados minerales (TPP estima que almacenaría más de 600,000 toneladas de
minerales y planifica el movimiento de unos 30,000 volquetes mensuales),
además, los volquetes que trasladen los minerales atravesarían la única vía de
uso turístico en el área, violando el principio ambiental de prevención, por el
impacto en contaminación auditiva, y, por más herméticos que sean los
volquetes, los intensos vientos de paracas removerían polvos de concentrados en
el ambiente poniendo en peligro la salud de los habitantes y uno de los más
completos ecosistemas en fauna marina y en diversidad de especies y aves
migratorias.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de noviembre
de 2020
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