Hace más de 10 años (mayo 2010) Proinversión inició
el proceso de adjudicación del proyecto Hidrovía Amazónica cuya concepción
inicial fue construir un sistema para intercomunicar las poblaciones de la región amazónica mejorando
la navegabilidad y el servicio de transporte
fluvial de carga y pasajeros entre los puertos de Yurimaguas, Iquitos y
Pucallpa por presentar serios problemas de deficiencia en infraestructura, malas
condiciones de navegabilidad y un elevado nivel de informalidad, lo cual limita su desarrollo.
Recién 7 años después (setiembre 2017) el proyecto fue concesionado
por 20 años al Consorcio Cohidro, conformado por la empresa
peruana Construcción y Administración SA (Casa) y la china Sinohydro
Corporation, el cual asumirá una inversión de US$ 94 millones para el dragado
de los “malos pasos” (zonas de poca profundidad) en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, de sedimentos, rocas y tierra hasta alcanzar 56 metros de ancho y 2.45
de profundidad para que grandes embarcaciones puedan navegar durante todo el
año, y por tratarse de un esquema Asociación
Publico-Privadas (APP), el Estado peruano debe pagar al consorcio US$ 24
millones anuales por 5 años por avance de obra, y entre el quinto y veinteavo
año US$ 17.8 millones anuales por pago de operación y mantenimiento. El consorcio aseguró que la primera etapa (dragado por el río Huallaga
hasta Iquitos) estaría lista el año 2020, pero el proyecto ni
siquiera se ha iniciado.
Aunque este proyecto está
considerado entre las obras del Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad (PNIC) priorizándose su ejecución con DL1500 mayo 2020, y para
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el contrato de concesión sigue vigente,
su ejecución es incierta e insegura debido a problemas que se están presentando
que lo podrían convertir en un proyecto inviable, primero porque el plazo para
que el concesionario absuelva las observaciones a su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) venció en mayo 2020, pero en diciembre 2019 el consorcio
decidió no continuarlo, además, el dragado de los “malos pasos” (que el
concesionario aumentó de 13 a 24) representan unos 40 millones de m3 de
sedimentos, rocas y tierra que generarían impactos negativos sobre hábitats y
ecosistemas, por último, el pasado 22 de enero la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y
la Organización Regional Amazónica de Ucayali (Orau) presentaron una demanda
ante el Poder Judicial solicitando la cancelación del citado proyecto por
constituir una amenaza a los pueblos y ríos a consecuencia del dragado.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de febrero de
2021
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