El pasado día 3, el comunista Castillo inauguró el
CITE-Agroindustrial en Pichari y se reunió con cocaleros del Vraem que participaban en el
XII Congreso Nacional de las Cuencas Cocaleras (Conpaccp), estuvo acompañado
por el ministro de la Producción y congresistas de Perú Libre, incluido Luis
Bermejo, quien está investigado por presunto delito de terrorismo.
En dicho evento, el alcalde
del distrito de Pichari, Máximo Orejón, y el Secretario General de las
Organizaciones Agrícolas del Vraem, Julián Pérez, le entregaron copia del proyecto
de ley sobre la hoja de coca, haciéndole además pedidos directos, que declare
en emergencia agraria el Vraem, elimine la erradicación de cultivos de coca,
empadrone a cocaleros ilegales, impulse la comercialización e industrialización
de hoja de coca y nombre a personal del lugar como jefes de Enaco y de Devida (cuyo
presidente ejecutivo acaba de renunciar). Increíblemente, asistió a el Conpaccp,
Dionicio Núñez, ex ministro de coca y desarrollo de Evo Morales para “compartir la
experiencia boliviana para legalizar la hoja de coca en la Constitución”, asimismo,
con gran indignación,
vimos como Luis Barranzuela, actualmente ministro del Interior y topo de Cerrón
y Bermejo, azuzaba a los cocaleros para que eviten la erradicación pregonándoles
que el poder está en el Vraem y no en Lima.
Castillo aseguró a los
cocaleros que la ley de hoja de coca tendrá luz verde, para industrializarla e
impulsar el verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros, además, les
garantizó la construcción de una universidad, un hospital especializado y un
aeropuerto para que salgan los productos, y lleguen las autoridades para
atenderlos (al estilo del aeropuerto boliviano en el trópico de Cochabamba,
construido para sacar productos pero siempre estuvo abandonado por altos costos
de transporte, hasta existen informes sobre presuntos arribos de avionetas
desde Venezuela con cargamentos de drogas).
Bajo este panorama, Castillo
obtuvo casi 100% de votación en los 69 distritos del Vraem y ahora pretende
compensar a los cocaleros ilegales liberando todas las zonas cocaleras sin
erradicación, sin DEA ni USAID. Sus desbaratadas promesas no resolverán la
problemática de esa convulsionada zona de 60,000 km2. Actualmente tenemos
88,000 hectáreas cultivadas a nivel nacional (según informe de EE UU) y no se
ha erradicado desde 2020, en esta situación, a fines de 2022 podríamos
sobrepasar las 100,000 hectáreas.
La erradicación es
indispensable, pero debe estar complementada por un plan de desarrollo con
programas sociales, mejor infraestructura, cultivos alternativos y asistencia
técnica, caso contrario, la frontera cocalera, producción de cocaína y
narcotráfico seguirán incrementándose exponencialmente, y podríamos
convertirnos en un narcoestado.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de octubre de 2021
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