Este gobierno comunista, marxista-leninista, no está cumpliendo
la normativa peruana vigente sobre la lucha contra las drogas, principalmente
con el artículo 8 de la Constitución (Derechos Sociales y Económicos) que
dispone que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, lo cual
debería iniciar con la erradicación de cultivos ilegales de coca que siguen
incrementándose exponencialmente, por el contrario, en los 100 días de gobierno
todo se ha paralizado y Castillo está empecinado en implementar una nueva “ley de
la hoja de coca” la cual incluye empadronar los cocaleros ilegales, eliminar y
despenalizar la judicialización de la producción de hoja de coca, eliminar la
erradicación, y, hasta pretende eliminar la DEA y USAID, con lo cual estaría
entregando las zonas cocaleras al narcotráfico.
Además, Castillo
anunció en el Vraem la industrialización de productos elaborados con hoja de
coca y hasta la construcción de un aeropuerto en Pichari para que salgan dichos
productos, lo cual es prácticamente imposible porque los cultivos utilizan
potentes agroquímicos que los contamina complicando su industrialización,
además, recordemos que en Bolivia, durante los 14 años del gobierno de Morales,
intentó por todos los medios industrializar productos de hoja de coca, lo cual
nunca se logró por falta de mercados.
Actualmente está
vigente la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (aprobada con
DS-192-2020 fecha 14 diciembre) en la cual la erradicación es uno de los
elementos centrales de la lucha contra las drogas conjuntamente con el
desarrollo alternativo. El incremento de cultivos de hoja de coca, así como la
producción y el comercio de cocaína, ponen en riesgo los derechos fundamentales
de las personas, ocasionan enormes daños a la seguridad, economía, salud,
ambiente y a la gobernabilidad, afectando principalmente a zonas estratégicas y
poblaciones vulnerables. En esta política nacional se expone que el 90% de la
producción de hoja de coca, en más de 120,000 hectáreas, se desvía al narcotráfico,
y el 10% restante para fines tradicionales e industriales que incluye lo
adquirido por Enaco, solo 2% del total producido.
Bajo este panorama,
este gobierno comunista debe dejar de lado su nueva “ley de la hoja de coca” y
cumplir la Constitución y la normativa vigente, que obliga al Estado a impulsar
el desarrollo alternativo en las zonas cocaleras, fiscalizar y prohibir el
cultivo de hojas de coca en áreas no empadronadas, siembra de nuevas
plantaciones o resiembra en áreas erradicadas, además, evitar el ingreso de
insumos químicos y productos fiscalizados a las zonas cocaleras, y, asimismo, perseguir
y capturar a las organizaciones criminales traficantes de drogas en el país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fcha 6 de noviembre
de 2021
Artículos Publicados 
