En setiembre 2021, a tres meses de asumir el gobierno el comunista Castillo, la agencia de calificación de riesgo Moody’s, rebajó, por primera vez en 20 años, la calificación de nuestra deuda externa de bonos a largo plazo y deuda local, de A3 a una perspectiva negativa Baa1 (capacidad para cumplir obligaciones financieras con condiciones económicas adversas) principalmente por riesgo político y reducida capacidad de formulación de políticas del gobierno que ocasionan negativas perspectivas crediticias a mediano plazo. Igualmente, en marzo pasado, la agencia S&P Ratings Ratings redujo la calificación de deuda en moneda extranjera de BBB+ a BBB también por condiciones económicas adversas que debilitan la capacidad para cumplir pagos por acciones políticas que socavan la confianza de inversores limitando las perspectivas de crecimiento, y también Fitch Ratings modificó nuestra calificación crediticia en dólares de estable a negativa.
Las agencias S&P y Fitch Ratings redujeron la
calificación de Petroperú y la degradaron a “bono basura” situándola por debajo
del grado de inversión. Con este gobierno comunista el manejo de esta empresa
estatal, con su refinería como “elefante blanco” es desastroso alcanzando su
máxima crisis, se encuentra en descalabro financiero y esta técnicamente
quebrada, pero increíblemente ha recibido del Ministerio de Economía (MEF), sin
requerirle mayores exigencias, un aporte de capital US$ 1,000 millones y una
línea de crédito de US$ 500 millones, adicionales a préstamos y ayudas
tributarias anteriores por US$ 750 millones y S/ 500 millones respectivamente (monto
total aproximado a 1% del PBI), lo cual incrementará la vulnerabilidad de las
finanzas públicas y representará una carga de impuestos para los peruanos.
Bajo
este panorama, aunque el MEF, Kurt Burneo, ha manifestado que “una rebaja en la
calificación crediticia del Perú se daría en un contexto de una economía
internacional inestable”, pero las calificaciones internacionales continuarán
bajando por muchos factores, entre ellos, tensiones políticas creadas por el
gobierno comunista, problemas de gobernabilidad, controvertidos nombramientos
de ministros y funcionarios, deterioro institucional, acusación constitucional de
la fiscalía contra Castillo por ser presunto líder de una organización
criminal, políticas demagógicas y populistas, amenazas a la inversión privada, política
antiminera e incapacidad para solucionar conflictos sociales. Todos estos
factores incidirán en la reducción de calificación en las calificadoras
internacionales con riesgo de perder la calificación crediticia y caer por
debajo del grado de inversión, lo cual sería nefasto para el desarrollo
económico de nuestro país porque se generan menores inversiones, se eleva el
tipo de cambio local y se dificulta el giro de recursos de organizaciones
internacionales al país incrementándose las tasas de interés en los mercados
extranjeros.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de noviembre
de 2022