La situación de las drogas en nuestro país es una
de las principales amenazas para la seguridad nacional. La Constitución dispone que “El Estado combate y sanciona el tráfico
ilícito de drogas” (artículo 8), lo que este gobierno incumple. La lucha
contra el tráfico de drogas debe ser una de las principales políticas de
Estado, dentro de ésta, la erradicación de cultivos ilegales en zonas de alto
impacto, como el Vraem, es un eje fundamental de cualquier estrategia contra
las drogas que este gobierno no ejecuta. Desde diciembre 2022 está vigente la “Política Nacional contra las
Drogas al 2030”, que indica que, por la baja prevalencia de consumo de drogas
en nuestro país, casi la totalidad de los cultivos ilegales se dirige al
narcotráfico para producir cocaína que es exportada a nivel global.
En la fase del gobierno del delincuente Castillo, la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a cargo de Soberón, aprobó un “Pacto
Social Ciudadano” (PSC) con anuencia del corrupto Castillo (Resolución
000036-2022-DV-PE, fecha 1° abril-2022), según este documento “para fortalecer
el compromiso de los agricultores reduciendo voluntariamente los cultivos
ilícitos”, posteriormente, en octubre 2022, el ex ministro del Interior
Barranzuela suspendió la erradicación de cultivos ilegales; estas acciones demuestran
que Castillo promovió el cultivo de coca ilegal en vez de reducirlo, y, en la
segunda fase de Boluarte, sigue al
pie de la letra las acciones que dejó Castillo, mantiene suspendida la
erradicación de cultivos ilegales en el Vraem y sigue accionando el PSC,
además, increíblemente. nombró en solo un mes dos
presidentes de Devida, a Emilio Arce de la Torre (diciembre 2022) y a Carlos
Figueroa (enero 2023). También el Premier Otárola antes cuestionó duramente el PSC
“No se puede pactar un acuerdo con representantes de cocaleros que entregan su
coca al narcotráfico, bajo la presunción que se van a autoerradicar”, pero
ahora, como Premier, no dice “esta boca es mía”.
Bajo este
panorama, el “Pacto Social Ciudadano” representa un nefasto acuerdo que debe
ser eliminado porque está cediendo un territorio al narcotráfico, además, se
trata de un modelo similar al boliviano de “control social”, para que la
sociedad rural en zonas cocaleras pueda manifestarse y tomar decisiones en sus
ámbitos territoriales. Su objetivo, que los cocaleros erradiquen durante 2022
voluntariamente 1,000 hectáreas, no se ha cumplido, ha pasado un año y no han
erradicado ni una hectárea, e inexorablemente seguirán incrementándose los
cultivos ilegales y la producción de cocaína, lo cual podría llevarnos a ocupar
el puesto de primer país productor de cocaína en el mundo, superando a Colombia.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el
diario EXPRESO, fecha 18 de marzo de 2023
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