El megaproyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) fue adjudicado el 30 de junio 2014 (por 34 años y una inversión de US$ 7,328 millones) al consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero para la construcción y mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros para el desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna (existen 16 trillones de pies cúbicos de reservas probadas); el gobierno de Ollanta Humala pregonaba que generaría 7,000 puestos de trabajo y beneficiaría 600,000 viviendas. Cabe señalar que en 2008 la empresa Kuntur firmó un contrato del GSP por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Dos años más tarde, en 2014, fue adjudicado al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$ 7,328 millones.
En 2015 la Contraloría
y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías en la
concesión para favorecer a Odebrecht, y en noviembre fue arrestado Marcelo
Odebrecht por la corrupción del caso Lava Jato complicando los créditos del GSP,
mientras la policía de Brasil vinculaba a Ollanta Humala por presuntos cobros
de coimas a Odebrecht, su esposa Nadine también fue incluida en las
investigaciones, según Barata, realizó gestiones y coordinó reuniones para
favorecer a la empresa brasileña. Por incumplimiento del cierre financiero, el
24 enero 2017 se rescindió el contrato con dicho consorcio, desde esa fecha, el
GSP está paralizado y con tubos, equipos y materiales en una zona selvática
afectados por la oxidación, increíblemente, desde 2017, el gobierno paga a la
empresa Estudios Técnicos US$ 46.8 millones anuales por el cuidado del
material (a la fecha habría pagado US$ 280.8 millones), en julio 2019
Odebrecht reconoció pago de sobornos para obtener el proyecto, además, el
proyecto se encuentra judicializado por el consorcio de Odebrecht ante Ciadi
por US$ 2,000 millones, inversión que afirma haber gastado entre 2014-2016, e
increíblemente, en 2016, en los recibos de electricidad, los peruanos hemos
pagado impuestos para financiar este proyecto.
Bajo este panorama, el
GSP, que debió concluir en 2019, está paralizado 6 años con 37% de avance, el
gobierno actual no tiene voluntad política y el ministro de Energía y Minas, Óscar
Vera, ha manifestado que el concurso recién se convocaría el segundo semestre
2023. Si la inversión requerida a precios del 2014 era US$ 7,328 millones, el
costo de inversión por rediseño del modelo contractual y estructuración del
nuevo “Sistema Integrado de Gas Natural del Sur” (SIT Gas) se actualizaría a
precios 2025, y si no es reformulado para que sea factible y viable por no
tener asegurada la demanda de gas que transportaría, podría incrementarse a costos
inimaginables.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de abril de 2023
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