Desde
la primera etapa de este gobierno comunista, con el golpista Castillo, empezó la
clara intención de nacionalizar las empresas de sectores claves, entre ellas, del
sector petrolero, impulsando a Petroperú para que opere todos los lotes
petroleros. En el mensaje a la Nación el 28 de julio de 2022, el corrupto Castillo
reafirmó su postura estatizante anunciando que Petroperú ejecutará nuevamente
exploración y explotación petrolera (después de 25 años). Pero, además que
Petroperú no cuenta con las condiciones técnicas, este gobierno genera gran
desconfianza al haber estado coludido con malos empresarios petroleros como una
adjudicación amañada de biodiesel B100 a Heaven Petroleum Operators, y,
asimismo, por beneficiar allegados con las infames designaciones de Chávez como
presidente de Petroperú, y, Salaverry en Perupetro, sin cumplir requisitos ni
perfiles.
En esta segunda etapa
del gobierno comunista, Boluarte, siguiendo el proceso de estatización, ha
dispuesto que el ministro de Energía y minas, Vera, continúe fortaleciendo
Petroperú, quien ya anunció la decisión del gobierno para que asuma, en
contrato a 30 años, la operación de cuatro lotes cuyos contratos vencen el 2023
(lotes I, VI y Z-2B), y en 2024 el lote X. Este proceso está claramente coludido
con congresistas de Perú Libre y Bloque Magisterial, habiendo logrado que la
Comisión de Energía y Minas apruebe en dictamen la entrega a Petroperú de todos
los lotes petroleros al vencimiento de sus contratos hasta 2028.
Bajo este panorama, dicho
dictamen debe ser rotundamente rechazado en el pleno del Congreso por: 1)
La entrega de lotes a Petroperú, sin licitación, representa un modelo estatista;
2) Según declaraciones de la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur, Petroperú
no reúne las condiciones técnicas para las operaciones de los lotes que
culminan contrato, de ser así, seguiría en declive la producción actual de
petróleo (40,000 barriles diarios frente a una demanda de 300,000 barriles
diarios), en 2022, en importaciones petroleras, se gastaron US$ 5,900 millones;
3) Incidiría negativamente en la inversión privada del sector hidrocarburos;
y 4) Petroperú no cuenta con los recursos económicos necesarios; a
diferencia de una empresa privada que asume totalmente la pérdida de su
inversión, Petroperú, como empresa estatal, sus riesgos y costos mal llevados los
cubre el Estado, actualmente tiene un forado económico con el “elefante blanco”
de la refinería de Talara con pérdidas de alrededor de US$ 1,800 millones, su
deuda casi triplica su patrimonio y su rentabilidad es negativa, y el gobierno,
para evitar su quiebra, le sigue aportando miles de millones de soles con
recursos del tesoro público con cargo al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)
que únicamente debe usado por el Estado en casos de emergencia nacional.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de junio de
2023