Los
28 prefectos regionales, 186 subprefectos provinciales y 1,396 distritales, son
órganos desconcentrados de la Dirección General de Gobierno Interior del
Ministerio del Interior y tienen como función representar al Poder Ejecutivo y garantizar
la presencia del Estado en sus jurisdicciones, teóricamente, deben contribuir
en mantener el orden público, la gobernabilidad y la paz social en el país,
brindar seguridad a personas amenazadas, prevención de conflictos sociales y
autorizan grandes eventos. Pero, por el contrario, sus funciones vienen siendo
desvirtuadas durante este gobierno comunista usándolas con fines políticos
particulares.
En
su primera fase, con el corrupto Castillo, éstos cargos fueron usados como una
repartija de trabajo siendo designados a dedo 672 militantes de Perú Libre,
partido Popular Magisterial, Fenatep y Movadef para que accionen como su brazo
político, como agitadores sociales y hasta portátiles, además, en 2022 aumentó
el presupuesto a cifra récord, S/ 77.5 millones (en 2020 era S/ 61
millones), incrementándoles los sueldos (prefectos hasta S/ 7,000 y
subprefectos hasta S/ 6,500), además destinó S/ 1.5 millones en adquirir
componentes y equipos informáticos (hardware) a todas las prefecturas y
subprefecturas a nivel nacional.
En
la segunda fase, Boluarte destituyó los 26 prefectos y 1,399 subprefectos
nombrados por Castillo, pero inmediatamente empezó a reemplazarlos, en solo 3
meses realizó 344 nombramientos (cifra más alta de 6 gobiernos anteriores) y
éstos continúan, y aunque Otárola, como premier, decía que los nombrados serían
personas reconocidas y distinguidas de clara vocación democrática, se ha
constatado nombramientos que algunos subprefectos distritales, en Cusco,
Huánuco y Piura, son firmantes de planillones del Movadef, pero lo más grave,
según un informe de El Comercio, 6 coordinadores de la organización Ciudadanos
por el Perú de Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta) fueron designados
como prefectos y subprefectos en diferentes regiones del país.
Bajo
este panorama, estos cargos deben ser eliminados por obsoletos y nocivos, existen
solo por razones políticas bajo un esquema de clientelaje y no brindan ningún
servicio efectivo a la población, tampoco son necesarios en la estructura de
Estado descentralizado porque interfieren realizando trabajos paralelos a los de
funcionarios de autoridades electas como gobernadores y alcaldes. El cuantioso gasto
que se viene generando anualmente para mantener estos cargos (S/ 77.5
millones) bien podrían ser empleados para reparar, reconstruir o modernizar las
comisarías, que, según el Mininter, de las 1,323 existentes a nivel nacional,
907 (69%) están en inadecuadas condiciones. Desde hace más de un año (7
noviembre 2022) existe un dictamen de Proyecto de Ley aprobado por la Comisión
de Descentralización del Congreso (PL-2882/2022-CR) para eliminar los cargos de
prefectos y subprefectos, el cual debería ser priorizado para votarse en el
pleno del Congreso.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de diciembre
de 2023
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