El
pasado 14 de noviembre, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) en San Francisco, el canciller peruano Javier Gonzáles-Olaechea, en
encuentro bilateral con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, según
manifestó el propio canciller “le he pedido ayuda para elaborar un plan para
luchar contra el narcotráfico como el que el país norteamericano ejecutó en
Colombia”.
Repasemos el plan que suscribieron ambos países el año 2000.
El gobierno norteamericano, considerando que en Colombia se situó el “foco” del
narcotráfico, suscribió el plan Colombia para que sea aplicado con tres
objetivos específicos: implementar una estrategia para luchar contra las
drogas, generar una revitalización social y económica y terminar con el
conflicto armado, sin embargo, este plan que duró 15 años utilizando una
inversión de US$ 17,000 millones (10,000 EEUU y 7,000 Colombia), con injerencia
política y militar norteamericana, concluyó en 2015 con resultados fallidos porque
no solucionó el problema del narcotráfico, ni se redujo la violencia. Aunque parte
del presupuesto se utilizó para modernizar la seguridad e inteligencia de las Fuerzas
Armadas, persistieron elevados niveles de corrupción, de cultivos de coca y
producción de cocaína, sin lograr reducir los grupos alzados en armas. Dicho
plan fue reemplazado por el programa “Paz Colombia” hasta el 2020, creándose,
como nuevo capítulo del plan Colombia, la iniciativa “Colombia Crece”, y en
setiembre 2023, el gobierno de Petro presentó una nueva política contra las
drogas basándose en perseguir a organizaciones narcotraficantes, proyectando
reducir anualmente al 2030 los cultivos de coca, de 230,000 hectáreas (actual)
a 150,000, y producción de cocaína, de 1,738 toneladas (actual) a 900.
No se comprende exactamente la solicitud del canciller a
Blinken, por un lado, pide ayuda para enfrentar el narcotráfico, pero por otro,
la aplicación de “un plan Perú con amplia gama de colaboración porque necesitamos
satélites, equipamiento y enormes retos y necesidades en seguridad interna”,
enfatizando que “este proyecto abordaría mucho más que la lucha contra el
narcotráfico”. Su viaje a EEUU en febrero 2024, recién dará luces sobre los
pormenores del desconocido acuerdo que busca suscribir.
Bajo este panorama, el canciller Gonzáles-Olaechea debería comprender
que aunque el Perú recibiera elevados recursos de EEUU, se requiere
primordialmente de voluntad política interna para enfrentar al narcotráfico, y
este gobierno comunista no da muestra de tenerla, incumple la Política Nacional
contra las Drogas al 2030, mantiene vigente el funesto “Pacto Social Ciudadano”
permitiendo, increíblemente, erradicaciones voluntarias de cultivos en el Vraem,
sin mayor control de insumos químicos y sin intentar desarticular los
cárteles de drogas, ocasionando el exponencial crecimiento anual de cultivos de
coca (95,008 hectáreas en 2022) y producción de cocaína (estimado 900 toneladas).
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario
EXPRESO, fecha 23 de diciembre de 2023
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