Desde
la fundación de nuestra República, la descentralización ha sido una aspiración
nacional, se comenzó a tratar el tema al instalarse el Congreso Constituyente
en 1931, pero quedó en intentos, en 1987 García promulgó la ley de bases de la
Regionalización considerando 12 regiones, en 1992, Fujimori las desactivo y
creó los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), finalmente
Toledo, en junio 2002 promulgó la Ley de Bases de la Descentralización (Ley
27783) y en noviembre la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) iniciándose
así el proceso de descentralización. En 2005 se realizó un referéndum para la
conformación de 5 macrorregiones siendo rechazadas, manteniéndose 25 gobiernos
regionales (uno por departamento más la región Callao). Desde 2007 poco o nada
se avanzó y el proceso prácticamente se estancó.
Este
proceso empezó mal, de forma improvisada, se eligieron Gobiernos Regionales y Consejeros
sin una ley orgánica que defina viviblemente sus atribuciones y sin claridad de
objetivos que garantice la transferencia de competencias y recursos, tanto en
la ley 27783, que regula la descentralización administrativa, económica,
productiva, financiera, tributaria y fiscal, ni en la ley 27867 que fomenta el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública,
privada, y el empleo.
A
pesar de su importancia y trascendencia, no es tratado como tema principal en
la agenda política, continúan los problemas críticos de distribución de
recursos y planificación de inversiones, por el contrario, ha prevalecido en
las autoridades regionales y locales falta de capacidad, de gestión,
ineficiencia, ausencia de cuadros técnicos, burocracia poco calificada, clientelismo
político, y, lo más grave, constantes y recurrentes casos de corrupción por
debilidad en el control, fiscalización y rendición de cuentas, además, han
proliferado partidos de movimientos regionales conducidos por líderes
populistas investigados por corrupción, increíblemente, 13 gobernadores
regionales que asumieron funciones para 2023-2026 son investigados por este
delito, además, muchos de ellos se opones
a la inversión privada extranjera afectando el desarrollo, el empleo y
bienestar social, principales requerimientos de la población.
Bajo
este panorama, en nuestro país, con enormes desigualdades regionales y locales,
es imprescindible que tanto el Ejecutivo, con un rol más protagónico en el
proceso (Secretaría de descentralización dependiente de la PCM), como el
Legislativo (Comisión de Descentralización y Regionalización), revisando
exhaustivamente la situación actual, poniéndola en debate, presentando
alternativas y proyectos de ley para tener regiones verdaderas y auténticas y
no solo departamentos, debido a que, después de 22 años, no ha alcanzado su
principal finalidad que es lograr el desarrollo integral del país acercando el
Estado al ciudadano y cerrando las brechas que limitan el desarrollo regional y
local.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de abril de
2024
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