A
través de un fallo del Tribunal Constitucional de junio 2023 que dispone la
demolición del hotel Four Points-Sheraton y la
restitución integra
del patrimonio cultural destruido, el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior
de Justicia del Cusco dispuso, el pasado 4 de marzo, que la Dirección
Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDCC) emita un informe sobre aspectos técnicos, presupuestarios y
procedimientos de demolición. Esta construcción, cubre un área de 3,000 m2 y está
valorizada en US$ 50 millones, avanzó durante 5 años (entre enero 2011 y
diciembre 2015) al 90% con 9 niveles construidos (incluidos 2 sótanos) y 145
habitaciones, y sobrepasa los 20 metros de altura, a pesar que el Plan Maestro
del Centro Histórico del Cusco solo permite construir 2 niveles y una altura
máxima de 9 metros. Durante
la construcción, por tratarse de una zona arqueológica ubicada a 300 metros de la Plaza Mayor, ocasionaron daños irreversibles destruyendo 3 muros de la época inca,
elementos líticos incas, canales, cinco filas de andenes, inmuebles históricos
y empedrados de la época colonial.
Han
pasado casi 14 años desde que el ex titular
de la DDCC, Juan García Rivas, aprobara el proyecto en mayo 2010, a pesar que
su principal función es fiscalizar y proteger nuestro patrimonio histórico
cultural, otro involucrado es el ex alcalde de la Municipalidad provincial del
Cusco, Luis Flores García, por aprobar, el 21 enero 2011, la licencia de
construcción, con planos modificados o alterados, y, a 2 días de dejar el cargo,
el 29 diciembre 2014, otorgó la licencia de modificación y ampliación;
igualmente está involucrada la empresa inmobiliaria R&G SAC encargada de la
edificación, contravenido infracciones continuadas entre octubre 2008 y julio
2014. Recién en diciembre 2015, el alcalde entrante, Carlos Moscoso
Perea, declaró nula la licencia paralizando el proyecto, y en setiembre 2019 el
Poder Judicial ordenó, la demolición de la construcción la cual no se concretó,
ahora, después de casi 5 años, está por iniciarse; el costo de dicha demolición
se estima en US$ 1 millón, monto que, según la resolución judicial, deberá ser
asumido por la DDCC y la Municipalidad del Cusco.
Bajo este panorama, aunque no se
tiene determinada la fecha exacta para iniciar la demolición, ésta será
establecida al concluir el informe técnico que debe presentar la DDCC en un
plazo de 30 días. Referente a quienes permitieron este grave atentado contra la
ciudad del Cusco, declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad en 1983,
además de las autoridades mencionadas de Cultura y la Municipalidad, hay otros 60
servidores involucrados, por lo que todos deberían ser judicialmente severamente
sancionados con ejemplares penas.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de abril de 2024