El
pasado día 12, el Poder Judicial decretó la detención preliminar, por 10 días, de
Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), por haber cometido presuntos
delitos de organización criminal y tráfico de influencias, al haber influido en
nombramientos de prefectos y subprefectos para recolección de firmas en fichas
de afiliación y usarlas en la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, esta
acción se cometió con apoyo del director general de la Dirección General de
Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, encargado de supervisar y nombrar
prefectos y subprefectos a nivel nacional (existen 26 prefectos regionales, 186
subprefectos provinciales y 1396 distritales), asumió el cargo desde diciembre
2022, al inicio del gobierno Dina Boluarte, ocupándolo hasta el pasado día 10, en
que fue removido al recaerle una orden de detención. Deberían investigarse
todos los nombramientos ejecutados por Ortiz durante el gobierno de Boluarte, entre
diciembre 2022 y mayo 2024.
Durante el
período de Castillo, éstos cargos se usaron como
repartija de trabajo siendo designados a dedo 672 militantes de Perú Libre,
partido Popular Magisterial, Fenatep y Movadef para que accionen como su brazo
político, agitadores sociales y hasta portátiles; antes de caer por el
autogolpe, aumentó el presupuesto de prefectos y subprefectos a cifra récord, de
S/ 61 a S/ 77.5 millones, incrementándoles los sueldos entre S/ 7,000 a
prefectos y S/ 6,500 a subprefectos, además les destinó S/ 1.5 millones para
adquirir componentes y equipos informáticos a nivel nacional.
En
el período de Boluarte, destituyó los prefectos y subprefectos nombrados por
Castillo, pero inmediatamente empezó a reemplazarlos, en sus primeros 3 meses
realizó 344 nombramientos y continúo designando a buen ritmo, además, se
constataron nombramientos en Cusco, Huánuco y Piura, de firmantes de
planillones del Movadef, y, según un informe de El Comercio, seis coordinadores
de la organización de Nicanor Boluarte fueron designados como prefectos y
subprefectos en diferentes regiones del país.
Bajo
este panorama, los cargos de prefectos y subprefectos deben ser anulados, debieron
ser desactivados cuando se aprobó en noviembre de 2002 la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales, antes de este año eran importantes, pero después de la
ley orgánica, las funciones de representar al gobierno y planear, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas, interfiere con las funciones de los gobernadores y
alcaldes, hacen “trabajo paralelo” al de autoridades elegidas por voto popular.
En noviembre
2022 la Comisión de Descentralización aprobó con 10 votos a favor y 6 en
contra, el dictamen sobre eliminación de los cargos de prefectos y
subprefectos (PL-2882/2022-CR), el cual, increíblemente, hasta
la fecha, no ha sido agendado para su debate y votación en el pleno del
Congreso.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de 2024
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