El
pasado 26 de junio la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida) presentó el Monitoreo de Cultivos de Coca-2023 registrando una
superficie cultivada de 92,784 hectáreas, 2,224 menos respecto a 2022 (-2.3%), pero
no explica que durante 2023 han contabilizado 115,384 hectáreas, registrándose 92,784
hectáreas al descontar 22,600 erradicadas por el Proyecto Especial (Corah).
Aunque la erradicación
es fundamental para reducir los cultivos ilegales de coca, los datos resultantes
no son necesariamente fehacientes porque en las zonas cocaleras existe enorme
cantidad de resiembra en áreas previamente erradicadas, no empadronadas, y nuevos
sembríos ilegales, principalmente por falta de control de autoridades, errores
en geolocalización y deficiencias en articulación entre el Ministerio del
Interior (Mininter), Ministerio Público y entidades competentes; este
Monitoreo no señala ningún dato sobre resiembra, en febrero pasado Mininter anunció
la elaboración de un protocolo interinstitucional para combatirla, que aún no
existe.
La más preocupante
inconsistencia está en el VRAEM, zona con la mayor cantidad de cultivos de coca
ilegal (41.2%) de máximo rendimiento, incrementándose exponencialmente
desde 2019 (26,028 hectáreas) hasta 2023 (38,253) que van directamente al
narcotráfico, a pesar de ello, se erradicaron reducidas cantidades solo al
norte de la región Junín en 4 distritos con mínimos cultivos: Río Negro
(8 hectáreas erradicadas), Satipo (107), Manzamari (292) y Llaylla (253), dejando
de erradicar, distritos con enormes cultivos como Vizcatán del Ene (4,959
hectáreas), Río Tambo (3,222) o Canayre (2,028), tampoco han
erradicado en las demás regiones del VRAEM (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y
Cusco); esta increíble inconsistencia se debe al ”Pacto Social
Ciudadano” del gobierno con cocaleros del VRAEM (Resolución 000036-2022-DV-PE-1°abril-2022),
aceptando que éstos reduzcan voluntariamente sus cultivos, lo cual jamás
sucederá, contrariamente, el gobierno entrega un territorio liberado al
narcotráfico, organizaciones criminales de alta lesividad y demás delitos
conexos.
Otra grave inconsistencia,
a pesar que somos el segundo país cultivador de coca y productor de cocaína del
mundo, el Monitoreo no incluye datos oficiales sobre producción anual de cocaína; cuando en
2021 teníamos 80,681 hectáreas cultivadas, la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas de EEUU (ONDCP) registraba que producíamos 810 toneladas,
actualmente, con 92,784 hectáreas, podríamos sobrepasar las 900
toneladas.
Bajo
este panorama, los cultivos de coca ilegal y producción de cocaína mantendrán cifras
desenfrenadas mientras no se elimine el infausto Pacto Social Ciudadano en el VRAEM,
mientras que la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD) no cuente
con un Plan Estratégico Multisectorial, mientras el
PCM no asuma claramente su cargo como rector de la PNCD, mientras no se
implemente una política integral con mayor presencia del Estado, con desarrollo
alternativo, controlando insumos químicos y desarticulando organizaciones
criminales y cárteles.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de julio de
2024
Artículos Publicados 
