El
pasado 21 de junio de 2023 el Congreso aprobó el proyecto de ley 1587/2021-CR
que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación
básica regular, de manera automática solo con tener 3 años como contratados, sin
ningún concurso público, prueba o evaluación de conocimiento que demuestren su
mérito, aptitud y capacidad didáctica. Increíblemente, este proyecto de ley no
pasó por la Comisión de Educación del Congreso que era presidida por Gladys
Echaíz (pasó únicamente por las comisiones de Trabajo y Presupuesto), en su
debate solo participaron 14 congresistas, la mayoría del Bloque Magisterial (8)
y de Perú Libre (3), y fue aprobada con 82 votos a favor, 28 en contra y 6
abstenciones, con votos en bloque de los partidos Perú Libre, Bloque
Magisterial, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Alianza para el progreso. El
hecho es que bajo las disposiciones de esta ley 1587/2021-CR, según el
aplicativo informativo AIRSHP del MEF, se nombraría sin concurso a 129,582
docentes, y originaría un gasto anual de más de S/ 4,500 millones.
En
este contexto, el 18 de julio 2024, el Ejecutivo observó dicho proyecto de ley
básicamente porque la Ley de Reforma Magisterial (ley 29944), que regula la
Carrera Pública Magisterial, establece aplicación de evaluaciones del desempeño
en el cargo, precisando que únicamente ingresan a la carrera magisterial
quienes alcancen plaza vacante, por lo tanto, los nombramientos de manera
directa contradicen el principio de mérito, capacidad e igualdad, porque no cumplen
las condiciones de acceso a una plaza de manera indeterminada, debiendo obtenerse
por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades,
considerando además, que la evaluación es imprescindible para la progresión en
la carrera porque contribuye de manera importante en la mejora de la calidad
educativa, la cual, según la Constitución, corresponde al Estado supervisarla
(artículo 16°).
Bajo
este panorama, nuestro sistema educativo es el sector más importante para el
futuro de nuestro país, el Congreso no debería aprobar esta ley por insistencia
porque deteriora la meritocracia y afecta las practicas pedagógicas, los
congresistas deberían analizar la lamentable situación de nuestra realidad educativa,
desnudada por la última prueba PISA con resultados críticos en el área urbana y
muy graves en el área rural, la mayoría de estudiantes solo llegó hasta el 2°
nivel (únicamente responden reactivos básicos y realizan inferencias sencillas),
por el contrario, deberían formular y presentar leyes que mejoren la calidad
educativa, capacitando y evaluando permanentemente a los docentes para que
puedan estimular en los alumnos la creatividad y el análisis, y, por su lado,
el gobierno, formular políticas públicas para brindar un acceso educativo
equitativo, como derecho, a estudiantes de todo nivel socioeconómico.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de setiembre
de 2024
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