En
febrero 2023, la presidente Dina Boluarte, con su afán estatista, aseguró:
“Los lotes petroleros I, VI y Z-69 serán nuestros, del estado peruano”, el
gobierno quería adjudicar a Petroperú dichos lotes, frente a Talara, Paita y
Sechura, por tiempo indefinido, sin embargo, en octubre y noviembre, se los
adjudicaron temporalmente solo por 2 años, por la crítica situación de la
empresa estatal que no tenía posibilidades de invertir; pasaron solo 7
meses, y en mayo pasado, por la incapacidad de esta empresa para operarlos, el
gobierno dio marcha atrás y cambió radicalmente su postura poniendo los tres
lotes en un proceso de licitación netamente privada, reiterando que Petroperú
no los administrará ni tendrá participación como socio minoritario.
Actualmente
Petroperú se encuentra en su momento más crítico, según estimaciones recientes,
su deuda (US$ 8,530 millones) estaría superando más de 5 veces su patrimonio
(US$ 1,640 millones), además, una auditoría de la empresa privada PwC reveló
pérdidas en 2023 por US$ 1,064 millones inclusive con la Nueva Refinería en
marcha, en el primer semestre 2024 tuvo pérdidas por US$ 450 millones y su
calificación crediticia indica riesgo elevado de impago.
Un
nuevo directorio, presidido por Oliver Stark, busca actualmente su
reestructuración para evitar una “quiebra técnica” habiendo acordado acciones, entre
ellas, venta del edificio de San Isidro y otros activos improductivos,
reducción del 25% de personal y la contratación de un CEO privado que ayude a
resolver su grave crisis. Aunque el gobierno acaba de ofrecer un gestor privado
especializado en reestructuración (PMO), es sumamente preocupante que no haya
consonancia en los criterios, el ministro de Energía y Minas, Mucho, ha manifestado
que no se modificará el directorio de Petroperú, el premier Adrianzén ha
indicado la probabilidad de cambios, el MEM Mucho, también indicó que podría
brindársele nuevo apoyo financiero a Petroperú y el MEF Arista, ha asegurado lo
contrario, “ni un solo sol”.
Bajo
este panorama, existe gran incertidumbre de cómo pueda actuar el gobierno para
abordar la grave crisis de Petroperú. Debería apoyar las medidas urgentes del
nuevo directorio para alcanzar una adecuada reestructuración, con un claro
Decreto de Urgencia, sólido marco legal e intervención y rol más activo del
sector privado; se requiere reducir costos financieros y administrativos
para que empiece a ser autogestionaria y rentable sin recibir ningún soporte económico
del Estado. Pero, además, debería realizarse una profunda investigación y
auditoría al proceso de modernización de la Refinería de Talara, para
determinar motivos y responsabilidades del multimillonario gasto inútil y sin
sentido a este “elefante blanco”, que desde 2008 casi quintuplico su costo
inicial de US$ 1,330 millones al costo actual de US$ 6,500 millones.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de setiembre
de 2024
Artículos Publicados 
