Titicaca,
el lago navegable más alto del mundo (3,800 msnm) contiene 9,000 millones de m3
de reservas de agua dulce y tiene un área de 8,560 km2 (Perú 4,770 km2 y
Bolivia 3,790 km2). Nuestro lado está seriamente impactado y contaminado por
vertimientos en sus principales ríos que desembocan al lago (Huancané, Ramis,
Suches, Coata, Illipa e Ilave) arrastrando desechos industriales con metales
pesados y mercurio de la minería ilegal, además, aguas residuales que
contaminan la bahía interior, y, los cientos de toneladas de desechos de las
ciudades ribereñas afectan la cuenca.
En
2002 se promulgó la Ley 27814 y el DS 007 para descontaminar la bahía interior
de Puno, nombrándose una Comisión técnica Multisectorial, y nada se logró, 10
años después, en 2012, la Ley 29906 y el DS 075 nombrándose otra Comisión
similar para la recuperación integral del Lago Titicaca y sus afluentes, pero
nada se avanzó.
Desde
agosto 2017 el gobierno anunció la inversión de US$ 437 millones para construir
diez Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para descontaminar el lago,
recién dos años después, en agosto 2019, el grupo mexicano FYPASA (después
denominado Operadora Ecológica del Titicaca-OPETI) obtuvo la buena pro, para la
construcción, operación y mantenimiento de seis plantas, y operación y
mantenimiento de otras cuatro existentes, éstas 10 serían operadas por dicho
consorcio por 30 años. Finalmente, el contrato se firmó en octubre 2019, como
asociación pública-privada, y, en abril 2021, se iniciaron los trabajos del
Primero de 3 Componentes: instalación de colectores en 6 localidades de
Puno (Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho), pero en marzo 2022, la
Contraloría advirtió un retraso de 71%.
OPETI,
en setiembre 2022, inició un procedimiento de terminación anticipada, según
ellos, por no recibir las autorizaciones ambientales ni los recursos económicos
por parte del Ministerio de Vivienda (MVCS), argumentando que había invertido
S/ 211 millones en el proyecto, y el Estado peruano declaró inválida e
improcedente la terminación del contrato; en marzo 2023, OPRTI presentó
una solicitud de arbitraje, que fue admitida por CIADI en diciembre pasado. El MVCS
ha anunciado la convocatoria de un nuevo proceso para culminar la obra de
manera integral.
Bajo
este panorama, la grave contaminación del Lago Titicaca ya persiste por más de
20 años, y, actualmente, la construcción de las PTAR, tienen dos años
paralizadas; el nuevo proceso anunciado por el MVCS es obviamente de largo
plazo, y la contaminación continúa avanzando imparable afectando el lago, el
medio ambiente, la fauna y flora, el turismo, la pesca y el comercio, pero,
sobre todo, la salud de los 3 millones de pobladores que habitan en la cercanía
de la cuenca del Titicaca.
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