El
Estado peruano se caracteriza por una grave debilidad institucional y deficiente
gestión del gobierno, por tal motivo, se presenta como un pésimo servidor
público que no canaliza las demandas y está distante de una ciudadanía que no
se siente representada ni identificada con él, principalmente en áreas
relacionadas con bienestar, servicios de salud, calidad de educación, atención
de servicios básicos, falta de empleos dignos, bajas remuneraciones, políticas
y programas sociales desarticulados e ineficaces, ineficiencia administrativa,
alta propensión al dispendio y uso ilícito de recursos mediante prácticas
corruptas, y actualmente por un gravísimo incremento de crímenes e inseguridad
ciudadana.
Aun así, no se han tomado las medidas para realizar las
reformas necesarias, siendo una de las principales causas de creciente descontento
entre la población; en el plano político, continúan los principales problemas
en la estabilidad democrática que se ve seriamente afectada por la debilidad
institucional, la fragilidad del sistema de partidos que no orientan la opinión
pública ni discuten temas nacionales, el Congreso, sin un claro plan de trabajo
parlamentario, no debate ni aprueba una agenda de reformas urgentes, como la
electoral integral, también, la administración de justicia, ineficaz,
peligrosamente lenta y con componentes de corrupción en sus estratos y
jerarquías, y, el gobierno, que no realiza esfuerzos para luchar contra el
crimen e inseguridad ciudadana, corrupción, ni enfrenta las mafias de minería
ilegal y drogas.
Lo que se requiere no son pequeños cambios en la
administración pública sino una profunda reforma del Estado con acciones que
mejoren su calidad, transformando radicalmente instituciones y entidades
públicas ineficientes que presenten escasa capacidad por falta de liderazgo y
gestión estratégica que les impide servir adecuadamente a la ciudadanía, además,
para posibilitar la inversión pública y privada y sostener el crecimiento económico
encaminando nuestro desarrollo sostenible. En el Ejecutivo, las reformas deben
considerar la modernización de gestión que permita impulsar políticas públicas
sólidas y medidas de gestión para aumentar la transparencia y probidad y
gerencia estatal que permitan combatir el clientelismo y la corrupción, reducción
y estructura de los ministerios, reforzamiento de las instituciones públicas
ordenando la pesada estructura burocrática y mejorando los recursos humanos.
Bajo este panorama, para que mejore nuestro nivel de
desarrollo, todas estas reformas deben tener como objetivo central la equidad,
justicia social e inclusión; impulsando políticas públicas sólidas y medidas de
gestión para aumentar la transparencia y probidad, fortaleciendo las
instituciones públicas, ordenando la pesada estructura burocrática, mejorando
los recursos humanos e institucionalizando la participación ciudadana con
solidaridad y equidad en sus demandas, todas estas acciones deben introducir mecanismos
de eficiencia para devolver al aparato estatal su razón de ser: “servir
mejor a los ciudadanos”.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario
EXPRESO, fecha 19 de octubre de 2024
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