El pasado 26 de noviembre fue promulgado el DS 014-2024-JUS declarando en emergencia, por 2 años, el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, para enfrentar las graves deficiencias estructurales y hacinamiento extremo en los penales, disponiéndose la elaboración, en 45 días, de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para reducir significativamente el hacinamiento, mejorar la infraestructura y garantizar la resocialización de los internos, enfocada en implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que fuera publicada en setiembre 2020 (DS-011-2020-JUS), pero, su Plan Estratégico Multisectorial se ha promulgado tardíamente, en febrero 2024 (DS-003-2024-JUS).
Cada cierto tiempo, a fin de revertir la aguda crisis de los establecimientos penitenciarios, se promulgan estados de emergencia, decretos de urgencia, y hasta existe una sentencia del Tribunal Constitucional. En febrero 2012, se declaró en emergencia dictándose medidas excepcionales y urgentes en materia económica y financiera (DU-007-2012). En 2014, el Tribunal Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional los establecimientos penitenciarios, en hacinamiento, calidad de infraestructura y servicios básicos (Expediente-05436-2014-PHC/TC), y hace 5 años concluyó otro estado de emergencia, entre enero 2017-2019, por deficiencias en seguridad, salud, hacinamiento, lucha contra la corrupción, y fortalecimiento de gestión administrativa e infraestructura (DL-1325-enero 2017).
Pero a pesar estas normativas, nada ha mejorado, por el contrario, el sistema penitenciario mantiene graves deficiencias, las cantidades de internos y hacinamiento continúan incrementándose, actualmente, los 68 penales existentes tienen capacidad para 41,556 internos, pero albergan 98,127 (sobrepoblación 136%, hacinamiento 116%), además, predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen las bandas de secuestradores y narcotraficantes y escuelas del crimen, motivo por el cual las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi nulas. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, responsable de la Política Nacional Penitenciaria desde el 23 de setiembre 2023, acaba de ser interpelado este miércoles 4 en el Congreso, por la implementación de dicha política y el hacinamiento en los penales.
Bajo este panorama, por la caótica situación del sistema penitenciario, el ministro de Justicia Arana debería tomar acciones urgentes, tales como: 1) Procurar más recursos para optimizar la administración penitenciaria; 2) Construirse nuevos penales (el último construido fue en 2015) y ampliar infraestructura en actuales con espacios disponibles; 3) Mejorar la seguridad (visitas, bloqueadores); 4) Luchar contra la corrupción; 5) Desarrollar un Código de Conducta para los trabajadores penitenciarios; 6) Implementar alternativas de penas para delitos menores (grilletes electrónicos); 7) Coordinar con el Poder Judicial para agilizar sentencias (unos 35,000 internos sin sentencia); 8) Mejorar el régimen penitenciario cuyo objetivo es la reeducación, rehabilitación y reinserción social de los internos (Constitución, artículo 139-22); y, 9) Estudio de factibilidad para tercerización de la administración y gestión de penales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de diciembre de 2024
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