El pasado día 12, a raíz de la fuga de un delincuente del penal de Piura (ex Río Seco) que cumplía 20 años de prisión, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, durante una entrevista declaró que actualmente hay 99,600 presos y solo capacidad para 41,700, generándose una sobrepoblación de 57,900 internos (139%), situación que colisiona con la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que establece como objetivos prioritarios, la reducción significativa del hacinamiento y mejorar la seguridad y convivencia de los internos para aliviar sus condiciones de vida, lo cual es imposible de lograr con esta imponente sobrepoblación que nos ubica como el país con la mayor crisis carcelaria de Latinoamérica.
El pasado 25 de noviembre, el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE fueron declarados en emergencia por dos (2) años por déficit de capacidad de albergue, para optimizar la prestación de servicios y mejorar la resocialización de los internos, además, se dispone la presentación, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para resolver dichos problemas, cuyo plazo de 45 días hábiles vence este 30 de enero.
Según el jefe del INPE, para mejorar la infraestructura penitenciaria, este año se construirá un penal en Abancay para 800 internos, y se reiniciarán 2 penales, uno en Arequipa para 900 y otro en Pucallpa para 1,200. Si se llegaran a culminar estos 3 penales, se podría incrementar la cantidad de albergue para 2,900 internos, lo cual resolvería solo el 5% del problema del hacinamiento.
Bajo este panorama, cualquier Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, debe considerar como prioritario el uso de grilletes electrónicos para delitos menores, siempre y cuando su implementación, empleo y control sea bien estructurado y absolutamente seguro. Actualmente de los 99,600 internos en el país, 63,600 son condenados, y 36,000 procesados, entre los cuales, hay gran porcentaje de internos que cumplen prisión por delitos menores y podrían usar grilletes electrónicos.
Sin embargo, recordemos que la normatividad para su uso se inició hace 15 años (Ley 29499 fecha 16 enero 2010) y nunca ha sido debidamente implementada, a pesar de haber sido probada su eficiencia y fiabilidad en México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, y, además, es menos costoso que la pena de encarcelamiento (el mantenimiento de cada interno cuesta unos S/ 900 mensuales), también, en el caso de imputados primerizos o procesados por delitos menores se evitaría que se mezclen con internos más avezados y peligrosos, y tendrían la posibilidad de vivir en su entorno familiar y poder mantener una labor remunerada.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de enero de 2025
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