El pasado día 11 de febrero la ONG Transparencia Internacional (TI) presentó en Berlín, Alemania, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC), el cual registra la situación de corrupción pública de 180 países. Este Índice, el principal indicador de percepción de corrupción, basa sus evaluaciones en 13 fuentes de información y 12 instituciones de renombre internacional, analizando: sobornos, desvío de fondos públicos, impunidad de servidores públicos, capacidad para enfrentar la corrupción, exceso de burocracia, nombramientos nepotistas, exigencias a funcionarios de revelar finanzas y conflictos de intereses, captura del Estado por intereses particulares.
En el ranking de dicho Índice, nuestro país se encuentra en el puesto 127 entre 180 países (desde 2012 en el puesto 101, hemos caído 26 puestos), además, con 31 puntos en el IPC (donde 0 significa totalmente corrupto y 100 totalmente transparente), es muy preocupante, debajo de 50 puntos se muestran graves problemas de corrupción, más aún, porque el Índice nos advierte que desde 2020 venimos cayendo 7 puestos (38 al 31), con tendencia negativa, este puntaje significa muy bajo nivel de control de este delito, contrariamente, Dinamarca, el país más transparente, alcanza una puntuación de 90.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la corrupción en el Perú alcanzó el segundo lugar entre los problemas principales, solo debajo de inseguridad ciudadana, además, entre 2021 al 2023 ha generado pérdidas al país de S/ 72,000 millones, y, para la Defensoría del Pueblo, solo en el primer semestre 2024, se registraron 6,294 casos de corrupción en entidades públicas, con tendencia en aumento. Los resultados de este Índice confirman el sentimiento de nuestra sociedad, según cifras de Ipsos, el 57% de peruanos siente vergüenza por la corrupción en el país, es decir, provoca consecuencias en la moral nacional y en la ética sociocultural, principalmente cuando los actos corruptos gozan de total impunidad.
Bajo este panorama, la corrupción es un mal endémico y una enfermedad social que afecta el desarrollo, estabilidad y confianza de las instituciones, acentúa las desigualdades, crea desconfianza e incertidumbre para la inversión, debilita la democracia y afecta gravemente la estabilidad y seguridad de la sociedad, por tal motivo, es urgente tomar acciones y dictar políticas para evitar tráfico de influencias, perfeccionar métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, transparentar las consultorías (se gastan unos S/ 6,000 millones anuales), evitar la impunidad por ser problema fundamental de la corrupción, se deben dictar penas drásticas y contundentes por lobbies, informaciones privilegiadas o sobornos en contratos públicos de servicios, obras o concesiones, además, mejorarse el sistema de administración de justicia, cumplir las regulaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, y fomentarse la cultura de ética pública.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de febrero de 2025
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