El pasado lunes 20, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva suspendiendo por 90 días el financiamiento económico brindado por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para países extranjeros, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y contratistas, advirtiendo que las nuevas asignaciones pasarán por una detallada evaluación que garantice la eficiencia programática y alineación con los objetivos de su política exterior.
La USAID en nuestro país financia programas de salud, gobernanza, educación, desarrollo económico y lucha contra las drogas, a través de 60 ONG locales (que deberían ser evaluadas y fiscalizadas por administración por resultados, lo cual no ocurre). Entre 2001 y 2021 dicha financiación fue de más de US$ 3,500 millones, actualmente existe vigente una Estrategia 2020-2025 de Cooperación al desarrollo para aumentar la efectividad del gobierno y mejorar la integridad pública, con un presupuesto de US$ 250 millones.
Sin embargo, su principal cooperación se dirige hacia la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el VRAEM, para proyectos de erradicación de cultivos ilegales de coca y apoyo en cultivos alternativos. Hace 44 años (1981) Perú y Estados Unidos firmaron un convenio bilateral para erradicar cultivos ilegales de coca, interdicción de drogas y alternativas económicas para comunidades afectadas, para tal fin, estábamos recibiendo US$ 600 millones hasta el 2030, monto que según el mismo Canciller peruano, Elmer Schialer, dejaremos de recibir hasta que Estados Unidos defina los nuevos financiamientos. También, durante el APEC 2024, Boluarte anunció la donación de US$ 65 millones en 9 helicópteros UH-60-Black Hawk, a entregarse en 5 años, para interceptación aérea contra el narcotráfico.
Bajo este panorama, aunque el canciller incluye datos de disminución de hojas de coca entre 1995 y 2000 (de 115,000 a 34,000 hectáreas) para atribuir la cooperación entre ambos países, realmente, entre 2015 y 2023 aumentaron exponencialmente de 40,300 a 92,784 hectáreas con una producción de cocaína que bordea las 1,000 toneladas anuales. Esta situación es originada por el infausto Pacto Social Ciudadano en el VRAEM del gobierno con los gremios cocaleros para que reduzcan voluntariamente sus cultivos (que jamás va a suceder), también, porque la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD) no cuenta con un Plan Estratégico Multisectorial y el PCM no asume claramente su cargo como rector, ha influido también, la no implementación de una política integral con mayor presencia del Estado y mayor desarrollo alternativo, además, por falta de control de insumos químicos y no enfrentar con solidez a organizaciones criminales y cárteles. Este panorama podría afectarnos en la evaluación y decisión que tome Estados Unidos sobre el nuevo financiamiento a nuestro país para la lucha contra las drogas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de febrero de 2025
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