Según el artículo 82° de la Constitución y la Ley 27785, la Contraloría General de la República dirige, ejecuta y supervisa, con autonomía, el control gubernamental, orientando su accionar a la transparencia de gestión de las entidades públicas, previene y verifica la correcta y eficiente utilización y gestión de los recursos públicos y bienes del Estado, el desarrollo honesto de actos de funcionarios públicos y cumplimiento de metas de las instituciones sujetas a control; realmente, una inmensa tarea.
El 24 de julio de 2024, César Aguilar asumió el cargo de Contralor General de la República, reemplazando a Nelson Shack, quien permanecerá 7 años, hasta 2031. En marzo pasado, el nuevo Contralor presentó un informe denunciando que durante la gestión anterior se realizó un concurso público 001-2023-CG, entre marzo y junio 2023, para incorporar 4,100 plazas a nivel nacional, el cual contenía irregularidades en el proceso de solicitud del gasto de S/ 383 millones al ser presentado sin evaluación previa de certificación presupuestaria para garantizar las contrataciones, afectando la situación financiera de la Contraloría, que además, tuvo que declarar ilegal dichas contrataciones, y el despido, este 31 de marzo, de 2,000 servidores, entre funcionarios y auditores.
A pesar que el contralor Aguilar solicitó al ex ministro de Economía Arista y al actual ministro Salardi un Decreto de Urgencia con medidas extraordinarias de fondos requeridos por S/ 542 millones para el pago de 3,000 servidores, la respuesta ha sido negativa, además, el pasado 6 de febrero, le informó, a la presidente Boluarte, mediante oficio 000161-2025-CG/DC sobre el déficit de recursos en el presupuesto 2025 que afectaría la continuidad de 5,039 servidores contratados entre funcionarios y auditores para órganos de control institucional, solicitándole una demanda adicional para evitar se siga debilitando el control de los recursos del Estado, cuyos servicios ya han sido reducidos en 33%, documento que hasta la fecha no ha sido contestado, inclusive, el contralor ha advertido que solo tienen disponibilidad de dinero hasta mayo y que la entidad estaría a punto de cerrar este 2025.
Bajo este panorama, la Contraloría General de la República es una entidad clave en la fiscalización y control de gestión pública y uso de recursos del Estado, sin embargo, enfrenta casos de presión política, debiendo garantizarse su autonomía, es también preocupante su limitación en recursos financieros y de personal, por lo que es necesario que el gobierno le garantice el presupuesto adecuado que permita mantener las plantas de personal cubiertas y poder capacitar los auditores para que realicen evaluaciones eficientes y exhaustivas, identifiquen casos de magnitud complejas y ejecuten acciones para reducir los niveles de corrupción pública, además, es indispensable la inversión en tecnología moderna que coadyuve en lograr una fiscalización efectiva.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de abril de 2025
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